JOSÉ LUIS JIMÉNEZ
El escrito de calificación detalla un entramado transnacional con base en los Países Bajos que abasteció los mercados ilícitos de Gran Canaria y Fuerteventura entre los años 2018 y 2020. Las peticiones de condena individuales superan en los casos principales los once años de prisión, sumando multas que rozan el medio millón de euros.
El esquema logístico sitúa al ciudadano holandés E.R.R. en la cúspide del suministro desde Ámsterdam. La captación de intermediarios locales permitía la importación regular de sustancias mediante correos humanos que viajaban en vuelos comerciales con cápsulas ocultas en el tracto digestivo. En julio de 2020, tres operativos de la red —A.M.P.S., E.E.I. y C.H.— fueron interceptados tras arribar al aeropuerto grancanario en un vuelo procedente de Schiphol portando más de dos kilogramos de heroína y cocaína de alta pureza en el interior de sus cuerpos. Las pesquisas financieras posteriores acreditaron pagos fijos de 3.000 euros por trayecto a cada transportista.
La rama operativa en Las Palmas de Gran Canaria estaba coordinada por M.J.A.M. y los receptores directos de la mercancía, entre los que destacaba R.G.A. El grupo utilizaba inmuebles residenciales en el barrio de Schamann como almacenes seguros y laboratorios de manipulación. El escrito del Ministerio Público relata que la organización operaba un canal de venta minorista que funcionaba las veinticuatro horas del día, gestionando más de un centenar de llamadas diarias para entregas domiciliarias. Los registros efectuados en los inmuebles de la calle Ingeniero Ramírez Doreste desvelaron cajas fuertes con dobles llaves de custodia, balanzas de precisión y cargamentos de cafeína destinados al corte de la cocaína.
La expansión del negocio hacia Fuerteventura dependía de una ramificación dirigida por R.G.A. a través de su sobrino J.G.M. Esta facción mantenía un flujo constante de aprovisionamiento secundario desde Gran Canaria utilizando pasantes que ocultaban la sustancia en cavidades corporales para evadir los controles de los vuelos interinsulares.
La detención de una transportista en el aeropuerto de Gran Canaria con cerca de cien gramos de cocaína de alta pureza confirmó la regularidad de estos envíos. La infraestructura en Puerto del Rosario incluía puntos de venta regentados por minoristas locales que recibían la droga previamente dosificada.
Los registros policiales simultáneos permitieron el decomiso de casi 100.000 euros en efectivo ocultos en dobles fondos y cajas fuertes, además de partidas de hachís, cocaína, heroína y MDMA cuyo valor de mercado superaba los 170.000 euros. La Fiscalía califica los hechos como delitos contra la salud pública en la modalidad de sustancias que causan grave daño a la salud, agravados por la condición de cantidad de notoria importancia, en concurso con el delito de integración en grupo criminal.
El escrito de acusación penal introduce la circunstancia modificativa agravante de reincidencia para los encausados M.J.A.M. y R.G.A., quienes cuentan con condenas firmes previas dictadas por la Audiencia Provincial por delitos de idéntica naturaleza jurídica. Para ambos líderes, la petición del Ministerio Fiscal asciende a once años de privación de libertad y multas proporcionales significativas. El resto de los cooperadores, distribuidores y transportistas se enfrentan a penas que oscilan entre los siete y los diez años de cárcel.
