JOSÉ LUIS JIMÉNEZ
El marco original, definido por la Orden 337/2021, prometía un impulso sin precedentes a la implantación de sistemas térmicos renovables y soluciones de autoconsumo residencial y corporativo. Alimentado por el Real Decreto 477/2021, este programa era la piedra angular del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia en Canarias. Sin embargo, el paso del tiempo ha demostrado que la obtención de una concesión definitiva no equivale, necesariamente, a la puesta en marcha de un proyecto. La resolución, firmada por el Director General de Energía, declara conclusos siete expedientes por renuncia a petición propia, poniendo fin a procedimientos que, en teoría, debían haber transformado el tejido energético insular.
La renuncia de Geursa es el caso más llamativo por el perfil del solicitante. Como sociedad municipal de gestión urbanística, su papel debería haber sido ejemplarizante en la estrategia de descarbonización de la capital grancanaria. El hecho de que una entidad pública de este calibre desista de una ayuda otorgada mediante Resolución 178/2025 subraya una problemática estructural: la dificultad de ejecutar proyectos energéticos en entornos urbanos complejos, donde la burocracia, la disponibilidad de espacios y las dificultades logísticas superan, en ocasiones, los incentivos financieros ofrecidos. Si un organismo dotado de capacidad técnica y presupuestaria como Geursa decide retirar el pie del acelerador, es legítimo preguntarse qué sucede con el pequeño particular o con las empresas de menor tamaño que, como Kohler Inmobiliaria o Fontanería Nuez, han seguido el mismo camino hacia la puerta de salida.
El desglose de renuncias es una radiografía diversa de un sector que intenta, sin éxito constante, subirse a la ola renovable. Asesoría Telemática Canarias, junto a particulares como Yeray Morales Álvarez o María del Carmen Delfina Escuder Croft, completan una lista de solicitantes que, tras haber superado las fases de evaluación, han optado por el desistimiento. El procedimiento, al amparo del artículo 94 de la Ley 39/2015, se acepta de plano por la Administración, pero deja tras de sí interrogantes sobre el coste de oportunidad. Cada euro de subvención renunciado es un euro que no se ha transformado en kilovatio-hora renovable, ni en almacenamiento, ni en ahorro térmico para el sector residencial.
Desde una perspectiva técnica, la estructura delegada para la gestión de estos fondos Next Generation ha mostrado una agilidad notable para dictar resoluciones, pero una menor capacidad para asegurar que el capital fluya hasta el final de la cadena de valor. La Unidad de Proyectos de Transición Energética, bajo la batuta de Raquel Moreno de la Rosa, ha tenido que gestionar un goteo constante de bajas que, aunque administrativamente simples, políticamente son un lastre. El Reglamento Orgánico que articula estas competencias delegadas demuestra que, en materia de energías renovables, la burocracia canaria ha diseñado un sistema de alta precisión legislativa, aunque quizás demasiado rígido para una economía real donde los precios de los equipos, la falta de mano de obra cualificada o la inflación han podido desdibujar la viabilidad económica de proyectos concebidos en 2021.
Este fenómeno de desistimientos no es un fenómeno aislado de Canarias, pero cobra una relevancia especial en un territorio que sufre una dependencia energética extrema. La transición ecológica exige, además de fondos públicos y buenas intenciones legislativas, una coordinación eficaz entre el diseño de la ayuda y la capacidad de las empresas para ejecutar las obras sin que la carga burocrática y los riesgos de financiación se tornen insostenibles. Cuando el objeto del procedimiento desaparece por renuncia sobrevenida, la Administración se ve obligada a declarar concluso el expediente, dejando el objetivo de soberanía energética insular un poco más lejos de lo previsto.
El escenario para el cierre de estos expedientes, publicado en el tablón de anuncios de la sede electrónica del Gobierno de Canarias, es un recordatorio de que la inercia del sector privado frente a la administración pública sigue siendo un desafío. Para los siete renunciantes, el camino se cierra aquí. Para la Consejería de Transición Ecológica y Energía, el reto persiste: ¿cómo mejorar el diseño de los incentivos para que, en futuras convocatorias, la adjudicación definitiva se convierta en una instalación operativa y no en un borrador administrativo que acaba en el archivo?
El Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia fue diseñado bajo la premisa de una transformación estructural rápida. No obstante, al observar cómo proyectos municipales y de consultoría terminan desistiendo de fondos comunitarios, es evidente que el ritmo de la transición es más lento de lo que las hojas de cálculo de Bruselas preveían. La renuncia de Geursa y sus acompañantes de viaje no solo vacía un expediente; vacía de contenido, por un momento, la promesa de una transformación que, si no se ejecuta en el tiempo y forma adecuados, corre el riesgo de convertirse en un espejismo presupuestario. La transición energética en Canarias no se ganará solo con resoluciones en el Boletín Oficial, sino con el despliegue efectivo de paneles y sistemas térmicos que, en este caso, se han quedado, simplemente, en el papel.
