El laberinto burocrático de la fotovoltaica en Gran Canaria, una carrera contra el reloj europeo

La ambición energética de Gran Canaria atraviesa un momento crítico. Mientras la Estrategia de Energía Sostenible en las Islas Canarias prometía una transformación fotovoltaica sobre los espacios antropizados de la Isla, el terreno se ha revelado mucho más pantanoso de lo que dictaban los despachos. La resolución 952/2026, rubricada este mismo 12 de junio por la Dirección General de Energía, es el documento que certifica la urgencia: un grupo de entidades grancanarias se encontraba al borde de perder millones de euros en fondos Next Generation EU por no lograr finalizar sus proyectos antes de que el calendario administrativo se cerrara en falso.

El programa, diseñado bajo la modalidad de "concurrencia no competitiva", pretendía facilitar el acceso a la financiación pública. Sin embargo, la realidad logística de Gran Canaria ha chocado frontalmente con las exigencias de justificación de Bruselas y Madrid. Lo que debía ser un despliegue ágil de placas solares en cubiertas industriales y espacios públicos ha quedado atrapado en la complejidad de cumplir con hitos estrictos ante el Ministerio de Hacienda. La resolución recién publicada actúa como un salvavidas de última hora, permitiendo que un puñado de proyectos clave en la Isla no naufraguen en la fase final de ejecución.

El tablero de Gran Canaria

La relación de beneficiarios radicados en Gran Canaria que han logrado este respiro administrativo es un reflejo directo del tejido energético y empresarial que apuesta por la transición en la Isla. Encabezando la lista se encuentra el Consejo Insular de la Energía de Gran Canaria, cuya participación resulta clave al representar el impulso de la administración insular hacia un modelo de gestión pública más autónomo y sostenible, actuando bajo el expediente 67/1/2024.

En el ámbito de la colaboración ciudadana, destaca la Comunidad Energética de Montaña Blanca, que ha logrado asegurar la prórroga para dos de sus expedientes. Su inclusión es un ejemplo de cómo los colectivos vecinales y los nuevos modelos de gobernanza energética están tratando de aprovechar los fondos Next Generation para vertebrar una producción limpia que beneficie directamente al territorio.

Por otro lado, el músculo empresarial del sureste de Gran Canaria queda patente con la presencia del grupo ZBI, que aglutina la mayor parte de los expedientes industriales beneficiados por esta medida. En concreto, han logrado la extensión de plazo para sus proyectos en las sociedades ZBI Agüimes II PF, S.L., ZBI Agüimes PE II, S.L. , ZBI Agüimes PE, S.L., ZBI Tamaretillas I PE, S.L. y ZBI Tamaretillas I PF, S.L. , lo cual subraya la concentración de infraestructuras fotovoltaicas en zonas de alto valor logístico y productivo como el entorno de Agüimes.

Finalmente, el sector público municipal también aporta su cuota a esta carrera contra el reloj con el Ayuntamiento de Gáldar, que figura en la relación bajo el expediente 59/1/2024. Su inclusión confirma que la carrera por la fotovoltaica en espacios antropizados no es solo un fenómeno de grandes parques o industrias, sino una pieza fundamental en la estrategia de los ayuntamientos grancanarios para dotar a sus infraestructuras locales de una mayor soberanía energética en el marco de la transición ecológica.

Al analizar el listado de beneficiarios que han necesitado este balón de oxígeno, emerge una fotografía nítida de la apuesta fotovoltaica en Gran Canaria. La presencia del Consejo Insular de la Energía de Gran Canaria es, quizás, el detalle más relevante. Su papel, junto al de la Comunidad Energética de Montaña Blanca, subraya una tendencia: la transición energética en la isla está siendo empujada tanto por la iniciativa pública como por una incipiente organización comunitaria que intenta sortear las barreras de entrada. No son los únicos; proyectos empresariales radicados en Agüimes, como los vinculados a la marca ZBI o las instalaciones de Litografía A. Romero, evidencian que el tejido industrial de la isla está tratando de aprovechar este ciclo de financiación para reducir costes operativos mediante el autoconsumo.

La presión sobre estos beneficiarios ha sido extrema. La resolución aclara que, para obtener la prórroga excepcional, las actuaciones deben estar finalizadas, como tope, el 30 de junio de 2026, y justificadas antes del 20 de julio. Para el tejido empresarial de Gran Canaria, esto supone trabajar contra el reloj para certificar ante la aplicación COFFEE del Ministerio que los hitos 119 y 120 son una realidad palpable y no una promesa contable. Es una carrera que se libra en las cubiertas de las naves del polígono de Arinaga y en las infraestructuras de los municipios que han optado por liderar la generación distribuida.

La singularidad de Gran Canaria en este proceso es evidente. La escasez de suelo y la alta ocupación de sus espacios antropizados han obligado a los proyectistas a una precisión quirúrgica. Mientras que en otras Islas la expansión solar ha podido ser más territorial, en Gran Canaria el éxito del programa dependía de la capacidad para integrar paneles en lo que ya está construido. Las entidades beneficiarias que ahora se acogen a esta prórroga son, en gran medida, aquellas que han tenido que sortear las dificultades de licencias y el suministro de materiales en un mercado insular que a menudo se ve afectado por sobrecostes logísticos.

La burocracia, lejos de ser un mero trámite, se ha convertido en el principal cuello de botella. La Unidad de Proyectos de Transición Energética del Gobierno regional, bajo la batuta de Raquel Moreno de la Rosa, ha tenido que gestionar un flujo de documentos técnicos donde cualquier error en la "Memoria de actuación justificativa" podía significar la pérdida total de la subvención. Para el empresario o el gestor público en Gran Canaria, este periodo no ha sido solo de construcción, sino de una contabilidad técnica asfixiante que no admite errores. La prórroga de junio es el reconocimiento tácito de que los plazos originales no tenían en cuenta la realidad de la ejecución técnica en una isla centralizada en su actividad industrial.