JAVIER ROSALES
Aunque el crecimiento interanual de las matriculaciones de vehículos eléctricos en 2022 fue del 56%, matriculándose 996 unidades más de esta tipología de vehículos respecto al año 2021, si tenemos en cuenta que las matriculaciones totales en las islas alcanzaron las 61.977 unidades, podemos observar el escaso peso real que aún tiene la matriculación de estos vehículos en Canarias.
Estos resultados se alejan de las previsiones planteadas por el gobierno regional y las aspiraciones del sector, aunque respecto al sector del automóvil, mucho más contenidas. El Plan del Gobierno Canario respecto a la movilidad eléctrica planteaba (informe 2019), un parque móvil eléctrico en Canarias que en el año 2040 que debería alcanzar 1.588.339 unidades. Para este objetivo, haría falta matricular, de media y durante los próximo 18 años en Canarias, 88.000 vehículos eléctricos cada ejercicio, dato realmente inalcanzable.
Para FREDICA los datos hacen necesario replantear la estrategia para la implantación del VE en la región. Por una parte, nos enfrentamos a una situación coyuntural adversa. La pandemia del COVID, como los sucesos ocurridos con posterioridad, han producido un importante problema de suministros en el sector, lo que entre otros factores ha generado, a parte de la demora en las entregas, un importante incremento de precios que, además, ha afectado a la oferta del VE, vehículos que, de partida, son vehículos de precios más elevados que el vehículo de combustión.
Al margen de la consabida falta de infraestructuras de recarga como obstáculo a la implementación del VE, los sucesos ocurridos se están transformando en una crisis económica que inicia con un proceso inflacionario y que tiene como respuesta un incremento de los tipos de interés que dificultarán más el proceso de renovación. Si a esto unimos la confusión generada entre la ciudadanía respecto al vehículo a comprar, observamos la justificación a la situación actual.
En Canarias la situación se complica porque unido a esta coyuntura económica, tenemos los niveles de renta más bajos del Estado.
Todas estas circunstancias están provocando que los ciudadanos no sean proclives a un cambio de vehículo y, como consecuencia, se está abonando el envejecimiento acelerado del parque móvil.
Ante este panorama, desde FREDICA se considera que las políticas sobre descarbonización del parque, que se comparten, tienen que partir de esta realidad isleña, alejada de la situación del centro y del norte de Europa.
Para FREDICA, sin renunciar al objetivo, se debe relajar la implementación de medidas restrictivas contra los vehículos de combustión, y bien al contrario, propiciar el cambio fomentando los vehículos de bajas emisiones de combustión, más asequibles, y los vehículos híbridos, ello como tránsito hacia la descarbonización, permitiendo de esta manera la instalación de los puntos de recarga necesarios de manera más pausada hasta que estén generalizados y “desestrasando” a los usuarios al tiempo que rejuveneciendo el parque móvil.
Si no se actúa de esta manera estaremos empeorando la situación, dado que la extensión de la vida útil de los vehículos viejos de combustión generará cada vez mayor emisión contaminante y mayor consumo de combustibles.
La fijación de ayudas o incentivos a la adquisición e infraestructura unido a la adopción de medidas fiscales y de circulación, podrían mejorar la situación, con la expectativa de que la salida de la crisis fije el camino para, en un plazo razonable, abordar el aceleramiento del proceso de descarbonización.
