NOELIA C. DEL TORO
La decisión responde a la necesidad de adaptar al Archipiélago las medidas estatales incluidas en el Real Decreto-ley 7/2026, de 20 de marzo, ya que parte de ese paquete no puede trasladarse de forma automática a las Islas por su régimen fiscal específico. Con este nuevo marco, el Ejecutivo autonómico busca reforzar la protección económica de Canarias en un contexto de especial vulnerabilidad por su condición de región ultraperiférica.
El coste estimado inicial del conjunto de actuaciones asciende a 29,8 millones de euros, aunque esa cifra podría elevarse hasta 60 millones de euros anuales si la crisis internacional se prolonga. El Gobierno justifica esta intervención por el impacto directo del conflicto sobre los precios de la energía, los combustibles, el transporte y los bienes básicos, con efectos claros en áreas estratégicas como el turismo, el transporte, el sector primario y la industria.
Uno de los ejes del decreto ley es la aplicación temporal del tipo cero del IGIC a distintos productos energéticos, entre ellos los combustibles derivados del petróleo, el gas, la biomasa y la leña. El objetivo es contener la subida de precios y aliviar el gasto tanto de las familias como del tejido empresarial.
Según la previsión económica incluida en la norma, esta rebaja fiscal tendría un coste de 14,1 millones de euros al año. Para el periodo inicial de 100 días, que coincide con el plazo fijado en el decreto estatal, el impacto estimado sería de 3,9 millones de euros.
Esta medida refuerza el papel del IGIC cero en Canarias como herramienta para limitar el encarecimiento de bienes esenciales en un momento marcado por la incertidumbre internacional y la presión sobre los costes energéticos.
El decreto también contempla una mejora en la devolución del Impuesto Especial sobre combustibles, que se elevará hasta el 99% para agricultores y transportistas. Se trata de una medida orientada a reducir el sobrecoste que soportan dos sectores especialmente expuestos al incremento del precio del carburante.
El Ejecutivo calcula que esta actuación supondrá un coste de 19,4 millones de euros anuales, mientras que durante los primeros 100 días alcanzará los 5,3 millones de euros.
Con esta iniciativa, Canarias trata de proteger actividades fundamentales para el abastecimiento, la movilidad y la cadena de suministro en las Islas, donde el transporte y la dependencia exterior agravan el efecto de cualquier encarecimiento energético.
En el ámbito del consumo diario, la norma amplía la lista de artículos que pasan a tributar al 0% de IGIC. A la cesta de bienes esenciales se suman ahora la sal, la mantequilla y el café, una decisión pensada para aliviar el gasto doméstico en productos de uso frecuente.
El impacto económico previsto para esta ampliación se sitúa en 3,2 millones de euros al año, con una estimación de 900.000 euros durante la fase inicial de aplicación.
La incorporación de nuevos productos a esta fiscalidad reducida busca reforzar el apoyo a los hogares en un escenario de encarecimiento generalizado de la cesta de la compra, donde cualquier ajuste tributario puede tener efecto directo sobre el consumo.
Otro de los puntos relevantes del decreto ley afecta a los autónomos en Canarias. La norma eleva hasta 50.000 euros el límite de facturación anual para poder acogerse al régimen especial del pequeño empresario en el IGIC.
Esta modificación permitirá reducir tanto la presión fiscal como determinadas cargas administrativas, ya que facilita la exención de declaración del impuesto para quienes cumplan las condiciones exigidas. El sistema será voluntario y estará dirigido exclusivamente a personas físicas, con un régimen transitorio que facilitará su incorporación a partir del 1 de julio de 2026.
El coste estimado de esta medida alcanza los 12,5 millones de euros en el presente ejercicio. Para muchos pequeños profesionales y trabajadores por cuenta propia, el cambio puede traducirse en una mayor capacidad de adaptación en un contexto económico más exigente.
El decreto ley reserva además una partida extraordinaria destinada a respaldar al sector industrial canario y al sector primario, dos ámbitos que sufren con intensidad el aumento de los costes de producción y de la energía.
La dotación adicional prevista asciende a 7,2 millones de euros, con la finalidad de impulsar actuaciones específicas que ayuden a compensar el encarecimiento operativo y a sostener la actividad en ramas consideradas estratégicas para la economía del Archipiélago.
Este refuerzo cobra especial relevancia en un territorio donde la insularidad, la dependencia logística y el precio de los suministros condicionan de forma directa la competitividad empresarial.
El Gobierno autonómico defiende que este decreto ley de Canarias permite ofrecer una respuesta inmediata ajustada a la realidad del Archipiélago. El Ejecutivo sostiene que la norma garantiza mayor eficacia en la aplicación de las ayudas en un escenario internacional de elevada volatilidad.
Además, insiste en que las futuras decisiones del Estado deberían incorporar una "cláusula canaria", de forma que las políticas públicas puedan diseñarse teniendo en cuenta las particularidades fiscales, económicas y territoriales de las Islas. Esa reclamación conecta con una demanda recurrente del Archipiélago: que las medidas generales incluyan desde el origen mecanismos de adaptación para evitar vacíos o desajustes en su aplicación.
