JAVIER ROSALES
La resolución judicial desmonta así el procedimiento impulsado en su momento por la Consejería de Hacienda, entonces dirigida por Nueva Canarias, y supone un nuevo triunfo procesal para el consistorio moganero en una disputa que se ha prolongado durante los últimos años.
El origen del conflicto se sitúa en los 5 millones de euros concedidos a Mogán en la primera convocatoria del FDCAN para la construcción del edificio de aparcamientos subterráneos de Arguineguín. Según recoge la sentencia, esa financiación tenía carácter de aportación a tanto alzado, de acuerdo con el Decreto 85/2016.
El tribunal considera que el hecho de que el coste final del proyecto aumentara no facultaba a la Administración autonómica para reclamar un reintegro. La razón, según la resolución, es que ese sobrecoste fue asumido íntegramente por el Ayuntamiento con fondos municipales, sin generar un exceso de financiación con cargo al programa autonómico.
De esta forma, la Justicia entiende que Mogán justificó la cantidad pactada conforme a la financiación concedida, mientras que la parte adicional del gasto fue cubierta con recursos propios del consistorio.
Uno de los puntos centrales del fallo es el valor vinculante del convenio suscrito entre el Gobierno de Canarias y el Ayuntamiento de Mogán. La sentencia subraya que ese acuerdo obligaba a ambas administraciones y que la comunidad autónoma no podía reinterpretar después las condiciones para exigir una devolución que no estaba amparada por el marco pactado.
El TSJC concluye que no existió exceso de financiación, que no hubo falta de justificación y que el Ayuntamiento cumplió estrictamente el convenio suscrito en la primera convocatoria del FDCAN. Ese razonamiento deja sin base jurídica la reclamación económica planteada contra el municipio.
Este nuevo pronunciamiento se suma a otra resolución favorable obtenida por Mogán hace aproximadamente medio año. En aquella ocasión, el TSJC desestimó el recurso de apelación presentado por el Cabildo de Gran Canaria contra una sentencia anterior que había declarado nulo el acuerdo del Consejo de Gobierno insular por el que se aprobó la convocatoria 2023-2027 del FDCAN.
Ese fallo previo confirmó, según el relato judicial recogido en el texto facilitado, que el Cabildo excluyó de forma unilateral al municipio del reparto de estos fondos y que esa actuación vulneró el principio de igualdad. Con ello, la estrategia institucional seguida en torno al reparto del FDCAN en Mogán encadena varios correctivos en sede judicial.
"La Justicia vuelve a confirmar que las decisiones que toma Nueva Canarias para perjudicar el municipio no se sostienen"
Onalia Bueno, alcaldesa de Mogán
Tras conocerse esta nueva sentencia, la alcaldesa Onalia Bueno sostuvo que la Justicia vuelve a desacreditar las decisiones adoptadas para perjudicar al municipio. La regidora defendió que el uso de fondos públicos no puede responder a discrepancias políticas o personales y atribuyó la actuación contra Mogán a una estrategia ajena a criterios estrictamente técnicos o legales.
Sus declaraciones refuerzan la dimensión política que ha acompañado este conflicto desde sus primeras fases. No obstante, el núcleo de la resolución judicial se centra en una cuestión estrictamente administrativa: la imposibilidad de reclamar un reintegro del FDCAN cuando el convenio se cumplió y el eventual sobrecoste del proyecto fue sufragado con dinero municipal.
"Es un despropósito emplear los fondos públicos como instrumento de castigo por desavenencias políticas o personales"
Onalia Bueno, alcaldesa de Mogán
La firmeza de la Sentencia nº 4/2026 consolida la posición del Ayuntamiento de Mogán en uno de los litigios más relevantes que ha mantenido con otras administraciones por el destino de los fondos de inversión. Además de frenar la devolución de casi 900.000 euros, el fallo fortalece el argumento municipal de que las reglas de financiación no podían alterarse una vez firmado el convenio.
En términos políticos e institucionales, la resolución añade presión sobre las decisiones adoptadas en el pasado en torno al FDCAN en Gran Canaria y vuelve a colocar en el centro del debate la relación entre Mogán, el Gobierno de Canarias y el Cabildo de Gran Canaria en el reparto de recursos públicos.
