JAVIER ROSALES
La organización sostiene que el incremento afectaría sobre todo a autónomos societarios y familiares colaboradores, dos perfiles especialmente presentes en pequeños negocios y empresas de carácter familiar. A escala estatal, ATA cifra en alrededor de 1,2 millones el colectivo potencialmente afectado.
La patronal del trabajo autónomo considera que esta subida supone un nuevo golpe para quienes ya operan con márgenes ajustados. En su lectura, el problema no es solo el aumento de la cotización de autónomos en sí, sino el hecho de que recaiga sobre trabajadores que, en muchos casos, declaran rendimientos próximos a 1.000 euros mensuales. Esa combinación, advierte ATA, puede tensionar todavía más la viabilidad de miles de actividades económicas en Canarias.
El origen de la controversia está en la base mínima de cotización aplicable a estos colectivos. En 2025, la orden anual de cotización mantuvo en 1.000 euros la base mínima para familiares colaboradores y determinados autónomos societarios o asimilados. Sin embargo, la normativa de 2026 cambia el encaje: la orden de cotización de este año remite a las reglas de regularización y, además, fija en el Régimen General una base mínima de 1.424,40 euros para varios grupos de cotización, incluida la referencia del grupo 7.
Ese salto entre los 1.000 euros y los 1.424,40 euros es el que explica la alarma de ATA. La organización interpreta que, si no se corrige la regulación vigente, muchos autónomos colaboradores y autónomos societarios terminarán regularizando sus cuotas sobre esa base superior en 2026, con el consiguiente incremento económico. El marco general de cotización por ingresos reales para 2026, además, sigue tomando como referencia las tablas previstas para 2025, tal y como estableció el Real Decreto-ley 3/2026.
ATA Canarias pone el foco en un escenario que considera especialmente llamativo: el de los negocios familiares en los que el titular del negocio cotiza sobre una base próxima a 1.000 euros, mientras el cónyuge o familiar colaborador puede verse obligado a regularizar sobre 1.424,40 euros. Para la organización, esta situación genera un agravio comparativo dentro de una misma actividad económica, al elevar el coste del colaborador por encima del autónomo principal pese a compartir estructura y, en muchos casos, realidad de ingresos.
La patronal sostiene que este diseño perjudica sobre todo a los pequeños comercios, explotaciones agrarias y negocios de proximidad, donde la figura del autónomo colaborador sigue siendo habitual. En ese tejido productivo, una subida de esta dimensión no se percibe como un ajuste técnico, sino como un incremento directo del coste laboral y empresarial en un momento en el que muchos profesionales siguen lidiando con gastos estructurales al alza.
Otro de los elementos que subraya ATA es el perfil de los afectados. La organización asegura que una parte muy significativa de quienes podrían soportar esta subida son mujeres mayores de 50 años que colaboran en el negocio familiar, especialmente en entornos rurales. Se trata de un segmento con menor margen de maniobra para absorber nuevos costes y que suele desempeñar una labor estable dentro de la economía familiar sin la visibilidad que tienen otros perfiles empresariales.
Desde esa perspectiva, ATA Canarias enmarca la medida no solo como un problema de cuotas, sino también como una decisión con impacto social y territorial. A su juicio, el aumento puede castigar con más intensidad a actividades tradicionales y a economías locales donde el autoempleo familiar sigue siendo una pieza central del sostenimiento diario.
ATA Canarias ha anunciado ya contactos con distintos grupos parlamentarios para intentar frenar esta subida y buscar una solución con efectos retroactivos desde el 1 de enero de 2026. La organización reclama una corrección normativa inmediata y sostiene que el Gobierno aún tiene margen para impulsar una norma con rango de ley que evite este incremento en las cuotas de los colectivos afectados.
El debate, por tanto, queda abierto en un doble plano: el jurídico, por la interpretación de la normativa que regula la cotización de autónomos en 2026; y el político, por el coste que puede tener mantener intacto un sistema que, según ATA, encarece de forma notable la actividad de miles de pequeños empresarios y colaboradores familiares en Canarias.
