JOSÉ LUIS JIMÉNEZ
La resolución judicial consolida el relato de una de las tramas de corrupción institucional más prolongadas del país, cuya estructura criminal operó de manera sistemática alterando concursos públicos en múltiples comunidades autónomas y en territorios como Gran Canaria, con una incidencia directa en las licitaciones tramitadas en el archipiélago canario.
El Tribunal Supremo ya confirmó en 2025 la absolución de los cinco acusados canarios del conocido como caso Fitonovo o Madeja, una trama corrupta con ramificaciones en las Islas, Extremadura y Andalucía. El caso estalló hace una década contra los empresarios y altos cargos del Cabildo de Gran Canaria y Lanzarote Adolfo de la Torre García, Sergio Machín de León, José Ulises González, Rubens Coba Falcón y Gustavo Adolfo Gómez, a quienes se les imputaba delitos de cohecho en los contratos públicos a la empresa sevillana Fitonovo. Sin embargo, todos quedaron absueltos en 2020: Los dos primeros por la prescripción de los presuntos delitos y, del resto, porque la Fiscalía retiró las acusaciones.
La sentencia detalla que las prácticas delictivas vinculadas a la obtención fraudulenta de contratos administrativos y privados no eran un hecho aislado, sino el elemento nuclear de la actividad de la empresa. El texto judicial subraya que la compañía actuó durante un periodo de dieciocho años —entre 1995 y 2013— como un verdadero velo societario ideado para el acaparamiento ilícito de adjudicaciones públicas. La infraestructura de sobornos de Fitonovo expandió su radio de acción por una vasta geografía que incluye Sevilla, Córdoba, Jaén, Cádiz, Algeciras, Zaragoza, Valencia, Barcelona, Extremadura y provincia de Las Palmas, pervirtiendo los procedimientos de contratación y situando en franca desventaja a las empresas competidoras que concurrían al mercado de forma lícita.
La resolución judicial desglosa los múltiples mecanismos de fraude empleados por la dirección de la trama, encabezada históricamente por el fundador de la empresa y continuada por sus sucesores. En los contratos menores o restringidos, la organización coordinaba connivencias con funcionarios para articular concurrencias ficticias. Esta práctica consistía en presentar tres ofertas formales de mercantiles distintas que, en realidad, operaban bajo la misma dirección económica, asegurando que la adjudicación recayera invariablemente en la matriz de la red. En las licitaciones abiertas, el modus operandi basaba su eficacia en la obtención de información privilegiada y la manipulación de los criterios de valoración subjetivos mediante funcionarios integrados en su nómina oculta.
El análisis de la contabilidad opaca desvelado por el Tribunal Supremo expone cómo la facturación falsa cumplía un doble propósito delictivo. Por un lado, las compras simuladas de suministros y servicios permitían a la sociedad reducir artificialmente sus beneficios oficiales, disminuyendo de forma fraudulenta la carga impositiva ante la Hacienda Pública. Por otro lado, el reintegro de las bases imponibles por parte de los proveedores conniventes alimentaba los flujos de efectivo de la caja B. A través de este circuito de blanqueo, la dirección de Fitonovo logró reintegrar al tráfico económico ordinario un total de 2.483.936 euros entre los años 2003 y 2010, destinados al reparto de dividendos irregulares, pagos salariales en dinero negro y ampliaciones de capital de empresas pantalla de la organización como Fiverde o Agropombo.
El impacto institucional de la resolución penal alcanza también a formaciones políticas en calidad de partícipes a título lucrativo, como el Partido Socialista Obrero Español (PSOE) e Izquierda Unida-Los Verdes-Convocatoria por Andalucía (IULV-CA). La sentencia recoge episodios paradigmáticos de la entrega de dádivas, tales como el pago por cuenta de Fitonovo de obras de reforma en la Agrupación Local Macarena de Sevilla o la entrega en mano a un acusado de 155.000 euros en efectivo —una parte de ellos oculta en una caja de zapatos— tras la adjudicación de un macrocontrato de instalación de césped artificial en once campos de fútbol públicos.
La firmeza de la sentencia dictada por la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo cierra la vía ordinaria de recurso para los condenados y establece un severo precedente en la fiscalización de las contratas de mantenimiento y servicios esenciales en los municipios de Gran Canaria y el resto de las Islas. Las delegaciones gubernamentales y los departamentos de contratación de las corporaciones locales canarias han venido extremando los controles de cumplimiento normativo (compliance) para erradicar las uniones temporales de empresas (UTE) falsas y el uso de subcontratistas instrumentales, prácticas que el Supremo tipifica como elementos de distorsión del orden socioeconómico y perjuicio flagrante para las arcas públicas.
La resolución que suscribe el ponente Vicente Magro Servet valida los años de instrucción del Juzgado Central de Instrucción número 5 y la posterior sentencia de la Audiencia Nacional. Al ratificar el decomiso de los beneficios ilícitos y las penas de inhabilitación para el ejercicio de cargos públicos a los funcionarios implicados, la jurisprudencia del alto tribunal blinda la exigencia de transparencia en las licitaciones de servicios urbanos. El fallo judicial deja claro que el uso de entramados societarios para adulterar la libre competencia y comprar voluntades institucionales recibirá una respuesta punitiva contundente, saneando un mercado de contratación pública que en las Islas resulta crítico para el desarrollo de las infraestructuras turísticas y residenciales.
