JOSÉ LUIS JIMÉNEZ
Este proceso de desapalancamiento se fundamenta en la combinación de un crecimiento económico sostenido del archipiélago y la generación recurrente de superávits primarios a lo largo del periodo analizado bajo la ortodoxia de la consejera de Hacienda del Gobierno de Canarias, Matilde Asián.
La proyección de la autoridad fiscal se sustenta sobre un modelo normativo estricto de asignación de excedentes de tesorería. Los cálculos de la AIReF asumen de forma explícita que la totalidad de los saldos positivos obtenidos al cierre de cada ejercicio se destinará de manera directa a la amortización de deuda viva en ese mismo año, mientras que los eventuales desvíos de déficit se compensarán de forma obligatoria en el curso contable inmediatamente posterior. El esquema técnico excluye deliberadamente cualquier impacto potencial derivado de los planes de condonación parcial de deuda autonómica anunciados por el Ejecutivo central, configurando un escenario de saneamiento financiero puramente orgánico.
La contracción del volumen total de pasivos tendrá un reflejo directo en la cuenta de resultados de la comunidad autónoma mediante el alivio de los costes financieros. Las previsiones de los mercados de deuda y el menor saldo vivo de los bonos y préstamos insulares propiciarán una reducción sustancial del peso de la carga de intereses sobre el PIB entre 2025 y 2030. La liberación de estos recursos fiscales, que tradicionalmente se absorbían en el servicio de la deuda, dotará de un mayor margen de maniobra al erario autonómico al contraerse el gasto financiero neto al 0,1% del PIB hacia el final de la década.
La solidez de esta trayectoria de desapalancamiento técnico contrasta con las tensiones operativas que se registran en los techos de gasto presupuestario del archipiélago. A pesar de que la inercia expansiva de los empleos netos —con incrementos salariales del 4,3% y aumentos en el consumo de servicios públicos del 4,4%— desborda las reglas de gasto fijadas para el periodo 2026-2028, la robustez de los ingresos estructurales vinculados al Régimen Económico y Fiscal (REF) garantiza la sostenibilidad de los saldos positivos. El mantenimiento de un superávit del 0,5% del PIB en 2026, estabilizado en el 0,6% en 2030, asegura el flujo de capital necesario para sostener el ritmo de amortizaciones exigido por la AIReF.
Las finanzas públicas de la Comunidad Autónoma de Canarias afrontan una paradoja estructural de calado macroeconómico. El último informe de seguimiento del Plan Fiscal y Estructural de Medio Plazo (PFEMP), emitido por la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF), revela que el gasto computable de las islas crecerá sustancialmente por encima de los límites legales entre 2026 y 2028. Esta inercia expansiva contrasta con una recaudación tributaria al alza y unas proyecciones de superávit presupuestario sostenido hasta el final de la década, espoleadas por la reforma de los ingresos y el dinamismo del Régimen Económico y Fiscal (REF).
El núcleo de la advertencia del organismo supervisor radica en el incumplimiento sistemático de la regla de gasto nacional. Las proyecciones macroeconómicas de la AIReF estiman un incremento del gasto computable en Canarias del 5% para 2026, una aceleración hasta el 7,1% en 2027 y una moderación relativa al 5,2% en 2028. Estos guarismos desbordan los techos de referencia establecidos para cada ejercicio, fijados en el 3,5%, 3,4% y 3,2% respectivamente. La brecha se extiende al marco europeo: el gasto primario neto crecerá a un promedio anual del 5,5% en el cuadrienio, rebasando el límite del 3,4% comprometido para el conjunto de las administraciones públicas españolas.
La expansión de las partidas de desembolso responde a presiones estructurales de carácter interno y compromisos normativos previos. Los gastos de personal registran un incremento promedio del 4,3% en la remuneración de los asalariados públicos, impactados por la absorción del acuerdo salarial general suscrito a finales de 2025 y las posteriores actualizaciones vinculadas a la evolución del índice de precios de consumo (IPC). Asimismo, el consumo público y los servicios corrientes se elevarán a un ritmo del 4,4% anual, un vector de gasto fuertemente tensionado por las dinámicas de envejecimiento demográfico en las áreas de sanidad, educación y atención a la dependencia.
La liquidez que financia este nivel de gasto proviene de una reconfiguración de la estructura de ingresos de la comunidad autónoma. Los recursos globales netos —excluyendo el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia (PRTR)— se consolidarán en el entorno del 23,5% del Producto Interior Bruto (PIB) al cierre del ciclo en 2030. Los fondos procedentes del sistema de financiación autonómica liderarán este avance con un crecimiento medio del 6,6%, ganando peso relativo hasta representar el 58,7% de los ingresos totales no comunitarios, frente al 53,5% computado en 2025.
La ingeniería fiscal del archipiélago se verá modificada a corto plazo por variables regulatorias contrapuestas. Los ingresos fiscales derivados de figuras tradicionales como el Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados (ITPAJD) verán recortado su peso específico hasta el 0,6% del PIB debido a las bonificaciones autonómicas en vigor. Por el contrario, la recaudación vinculada al REF experimentará un comportamiento alcista. A este flujo se sumará la aportación temporal del nuevo impuesto sobre el margen de intereses y comisiones de determinadas entidades financieras, diseñado para inyectar recursos extraordinarios al erario insular entre 2026 y 2028.
El escenario presupuestario de medio plazo se completa con la retirada programada de transferencias estatales condicionadas entre 2027 y 2028. El Gobierno central prevé extinguir las subvenciones extraordinarias al transporte y las partidas de contingencia destinadas a la gestión de menores no acompañados. Esta contracción de fondos se compensará parcialmente con la llegada de los recursos asociados al nuevo Plan de Vivienda 2026-2030, el cual sostendrá la partida de inversiones de capital en un promedio estable del 2,3% del PIB regional durante todo el horizonte temporal analizado.
