NOELIA C. DEL TORO
La formación considera que el fallo confirma las advertencias realizadas durante el último año por la Consejería de Turismo y Empleo del Gobierno de Canarias, dirigida por Jessica de León, sobre una posible invasión de las competencias autonómicas en materia turística.
El secretario ejecutivo de Turismo del PP canario, David Morales, afirmó que la resolución supone un nuevo respaldo para Canarias en la defensa de su capacidad normativa frente a decisiones estatales que, a su juicio, pretendían superponerse a los registros ya existentes en las comunidades autónomas.
Según el PP, el Alto Tribunal ha dejado claro que el Estado no puede imponer un registro nacional centralizado de viviendas vacacionales cuando las comunidades autónomas ya cuentan con sus propios sistemas de control y ordenación.
Morales subrayó que el decreto fue aprobado sin una consulta adecuada a las autonomías y sostuvo que la sentencia evidencia una forma de actuar del Ejecutivo central que, en su opinión, invade espacios competenciales que corresponden a Canarias.
Uno de los puntos destacados por los populares es que el Supremo rechaza que la normativa europea utilizada por el Gobierno como argumento obligara a crear un registro único estatal. Para el PP, esa interpretación del reglamento comunitario sirvió como base para una medida que consideran innecesaria y recentralizadora.
El PP remarca que Canarias no se opuso al intercambio de información previsto en la Ventanilla Única Digital, sino al diseño elegido por el Gobierno de España para articular ese sistema.
La posición defendida por la formación popular es que la cooperación administrativa y el flujo de datos entre instituciones pueden desarrollarse sin desplazar las competencias autonómicas ni duplicar estructuras de registro ya implantadas en los territorios.
En ese sentido, Morales insistió en que el debate no estaba en compartir información, sino en evitar que una norma europea se utilizara como argumento para centralizar una materia vinculada directamente a la gestión turística de las comunidades autónomas.
El PP de Canarias sostiene que la aplicación del decreto generó consecuencias negativas para miles de pequeños propietarios canarios, especialmente aquellos que operaban en plataformas digitales y que, según la formación, cumplían con los requisitos exigidos por la normativa autonómica.
Morales afirmó que algunos propietarios fueron apartados de canales de comercialización pese a estar regularizados conforme a las normas vigentes en Canarias. A su juicio, esa situación provocó inseguridad jurídica y añadió presión a un sector ya sometido a un intenso debate público por su relación con el mercado residencial.
El dirigente popular defendió que el problema de la vivienda no se resolverá mediante medidas que, según el PP, criminalicen el alquiler vacacional o generen incertidumbre entre quienes disponen de una vivienda para uso turístico.
Morales también vinculó el debate con la actual Ley estatal de Vivienda, al considerar que muchos propietarios han optado por no incorporar inmuebles al mercado residencial por temor a la okupación y por la percepción de falta de garantías.
El PP sostiene que la solución debe pasar por un equilibrio entre el derecho a la vivienda, la seguridad jurídica de los propietarios y la ordenación de la actividad turística. En ese marco, la formación contrapone la vía estatal con el modelo impulsado desde Canarias.
Frente al registro estatal anulado, el PP puso en valor la Ley de Ordenación Sostenible del Uso Turístico de Viviendas aprobada por el Parlamento de Canarias.
Según Morales, esta norma no pretende eliminar el alquiler vacacional, sino ordenar su crecimiento y hacerlo compatible con el acceso a la vivienda, la convivencia vecinal y la sostenibilidad del modelo turístico en las islas.
El dirigente popular reclamó al Gobierno de España que asuma responsabilidades por los perjuicios ocasionados a propietarios y operadores afectados por el decreto. Además, defendió que Canarias ha vuelto a demostrar capacidad para proteger sus competencias ante decisiones estatales que, según el PP, fueron mal diseñadas y aplicadas sin el consenso territorial necesario.
