JOSÉ LUIS JIMÉNEZ
El estallido definitivo del Caso Faycán consuma ahora dos décadas de historia desde aquel 1 de marzo de 2006, fecha en la que se ejecutó la detención de la concejala de Contratación de Telde, María Antonia Torres González (DEP), junto a otras cinco personas. La operación policial, originada por la denuncia de una empresaria local que desveló una red de extorsión liderada por el asesor Francisco Gordillo Suárez, abrió una sucesión de registros y arrestos prolongada durante los meses de abril, mayo y septiembre de ese mismo año. Únicamente Torres y Gordillo ingresaron en prisión provisional en esta fase inicial, abandonando la cárcel a los pocos meses mientras la investigación penal comenzaba a cercar la cúpula del consistorio grancanario.
El desmantelamiento institucional del ayuntamiento se completó el 7 de noviembre de 2006, coincidiendo con el aniversario fundacional de la ciudad, mediante un macrodispositivo policial que descabezó al gobierno local. Las fuerzas de seguridad detuvieron al alcalde, Francisco Valido, a cinco concejales del Partido Popular y a la hija de la propia María Antonia Torres, de modo que se forzó la dimisión en bloque de los cargos públicos apenas 48 horas después. La presión judicial sobre la corporación municipal mantuvo su intensidad durante la primavera de 2007 con nuevas detenciones que ampliaron de forma drástica el mapa del entramado de comisiones ilegales.
El magistrado titular del Juzgado de Instrucción número 3 de Telde, Francisco Javier García, decretó el cierre de la investigación penal el 6 de febrero de 2009. El auto dio por acreditada la existencia de una trama organizada para el cobro de comisiones y encausó formalmente a treinta y ocho personas, cribando una lista que había llegado a sumar cuarenta y siete imputados a lo largo del proceso. La resolución dio paso a una ofensiva legal por parte de los despachos de las defensas, cuyas sucesivas impugnaciones y recursos de alzada paralizaron los trámites de apertura de juicio durante casi un lustro.
El fiscal Luis del Río (DEP) formuló el escrito de acusación provisional el 14 de junio de 2013, solicitando de manera formal penas de privación de libertad para veintinueve imputados vinculados al sector público y empresarial. El trámite de alegaciones fue aprovechado por las representaciones legales de los encausados para denunciar la supuesta falta de documentación esencial en el expediente administrativo, una maniobra que obligó a la Audiencia Provincial a devolver las actuaciones al juzgado de origen. Esta decisión judicial paralizó de nuevo el calendario de las comparecencias y profundizó la asfixia temporal del caso.
La alternancia política en el gobierno de la nación consolidó una estrategia compartida de demoras procesales cruzadas que facilitó la prescripción de tipos delictivos periféricos y garantizó el beneficio de la atenuante muy cualificada por dilación indebida. El transcurso del tiempo desvirtuó la efectividad de las medidas penales primitivas sobre un banquillo donde varios acusados fallecieron, otros alcanzaron la edad de jubilación y perfiles específicos como el del exjefe del servicio de Ordenación Territorial, José Luis Mena, terminaron cumpliendo orden de prisión por causas ajenas.
Los baremos punitivos que manejaba el Ministerio Público antes del colapso institucional reflejaban la gravedad institucional de las tipicidades delictivas, destacando los trece años de cárcel solicitados para el técnico Esteban Cabrera Guerra, junto a treinta de dos años de inhabilitación por prevaricación, cohecho, delito contra el mercado, malversación y falsedad. El técnico Jorge Rodríguez Rodríguez afrontaba diez años y tres meses de prisión y veinticuatro años de inhabilitación, mientras que para el interventor Enrique Orts Herrera la petición inicial se fijó en siete años de presidio, y para el empresario Felipe Ojeda Pérez ascendió a siete años y nueve meses por fraude y malversación.
La acusación de la Fiscalía de Las Palmas apuntaba directamente a la dirección política del Ayuntamiento de Telde y a las grandes constructoras implicadas en el reparto de la obra civil. Para el exalcalde Francisco Valido Sánchez y el exconcejal de Hacienda Carmelo Oliva, la petición inicial se situaba en seis años de cárcel y veintidós de inhabilitación por prevaricación y cohecho. La concejala de Desarrollo Local y presidenta del comité local del Partido Popular, María del Carmen Castellano, encaraba cinco años de prisión por blanqueo, malversación y fraude, mientras que los hijos de María Antonia Torres, María Eugenia y Francisco José Fernández Torres, computaban peticiones de cuatro años por blanqueo de capitales.
Las multinacionales de la construcción y los servicios técnicos también vieron cómo el retraso del aparato judicial desarmaba los castigos previstos para sus ejecutivos en las islas. El Ministerio Público solicitaba en su escrito original cinco años y tres meses de cárcel para Antonio Nadal Moreno (Cobra) y José M. Gutiérrez Galindo (Preconte), seis años y tres meses para Pedro Antonio Betancor Díaz (Cementos Las Torres) y Ángel Omar Suárez Suárez (Planes y Gestión), cuatro años y ocho meses para Alejandro Navarro Miñón (Mazotti), y dos años para Abelardo Martínez Ripoll, director regional de Dragados. La resolución de conformidad final transformó este cuadro de penas en un escenario testimonial de multas que evitó el ingreso en los centros penitenciarios veinte años después de las primeras denuncias.
