Unidos por Gran Canaria expone ante la Confederación Canaria de Empresarios la necesidad de un partido grancanario

El presidente de Unidos por Gran Canaria, Lucas Bravo de Laguna, así como los cabezas de lista al Cabildo de Gran Canaria y el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria, José Mari Ponce y Enrique Hernández Bento, y la segunda de la lista al Ayuntamiento capitalino, Carmen Guerra, han mantenido, en la mañana de ayer, una reunión con la directiva de la Confederación Canaria de Empresarios, al objeto de exponer sus propuestas para el desarrollo de la isla y escuchar las demandas del sector empresarial.

En una reunión calificada de positiva por el presidente de la formación grancanaria, Lucas Bravo de Laguna, él y sus compañeros han expuesto la necesidad de lograr un equilibrio regional inexistente en las últimas décadas, por la inexistencia de una formación política de corte insular, como han tenido en el resto de las Islas y que nos ha llevado a que Gran Canaria, pese a aportar, en concepto de recaudación por IRPF e IGIC, mucho más que el resto de Islas juntas, sea la que menos recibe por habitante, o que, en un caso concreto como el de la acogida de menores extranjeros no acompañados, la cifra en Gran Canaria se acerque a los mil quinientos, mientras que en Tenerife, la otra isla capitalina, apenas supere los doscientos.

Lucas Bravo de Laguna ha destacado que el suyo es un partido que, a diferencia del resto, ha fundamentado su acción en realizar propuestas para lograr el crecimiento de la isla y el bienestar de quienes residen en Gran Canaria, como pueden ser la candidatura de Gran Canaria a ser sede del Mundial de Fútbol, la reducción del IGIC del 7 al 5%, la bonificación del 50% en el IRPF a los residentes en Canarias, la promoción turística individual de Gran Canaria; no es normal que Gran Canaria haya perdido más de un millón de turistas en dos años y que, pese a tener mejores playas, tenga casi dos millones menos de turistas que Tenerife, la agilización de licencias para la generación de nuevos emprendimientos empresariales y otras muchas medidas.

Para Bravo de Laguna es inconcebible que Casimiro Curbelo (Agrupación Socialista Gomera) con apenas 6.000 votos, menos de los que hay en Mesa y López, sea quien decida lo que se hace en una comunidad autónoma de 2 millones de habitantes, y por eso es necesario que esta isla llegue a jugar ese papel con un partido propio. En este punto ha recordado, también, que su partido es el único que ha solicitado la reducción del número de diputados, con la supresión de la lista regional, que no ha servido para reequilibrar el despropósito de nuestra ley electoral y que supone un sobrecoste de más de un millón de euros al año.

También intervino el candidato de Unidos por Gran Canaria al Cabildo, José Mari Ponce, quien destacó que la institución insular no puede tener más de 800 millones de euros en sus cuentas, por no saber ejecutar un presupuesto, pese a las necesidades que tienen los ciudadanos, y, en este sentido, también se manifestó el candidato a la alcaldía de Las Palmas de Gran Canaria, Enrique Hernández Bento, quien recordó que el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria lleva cinco años superando los 50 millones de superávit, mientras la ciudad da pena, con ochenta contratos en nulidad porque no son capaces de sacar nada a concurso, y que la política municipal no debe se cuestión de ideologías, sino de gestión, la limpieza, la seguridad y el resto de servicios que requiere una ciudad no entienden de ideologías sino de capacidad para saber gestionarlas, por eso su partido ha apostado por alguien con un perfil técnico, como él.

Por su parte, los responsables de la patronal han manifestado su preocupación por la situación económica y el preocupante panorama al que nos enfrentamos, con una Administración paralizada y que, lejos de facilitar la acción a los empresarios, dilata sin fecha cualquier trámite para poner en funcionamiento una actividad empresarial, algo a los que los miembros de Unidos por Gran Canaria respondieron con el compromiso de reactivar el sistema administrativo de las instituciones públicas.