JAVIER ROSALES
"Ante la situación de soledad y desamparo que nos encontramos, poder ir con una posición única para reivindicar el interés superior del menor y la actuación coordinada de todas las administraciones públicas es el ejemplo del modo canario de hacer política", destacó.
Tras cuatro meses en los que, el presidente de Canarias, los presidentes de los Cabidos Insulares, la presidenta de la Fecam, los portavoces de los grupos parlamentarios (a excepción de VOX) y distintas ong, firmaron un acuerdo para promover la reforma de la Ley Orgánica de Extranjería como única vía para garantizar la solidaridad con una distribución equitativa de menores, "no ha habido avances en su modificación en las Cortes Generales ni se han articulado medidas por parte del Gobierno que permitan la distribución obligatoria de los menores migrantes no acompañados".
En Canarias, a diferencia de lo que ocurre en la política estatal, se ha mantenido una posición unánime y firme en la defensa de una reivindicación justa y solidaria . Por ello, el documento ratificado define como pertinente "reforzar nuestra posición con un nuevo pronunciamiento de los representantes de la sociedad canaria de cara a la próxima Conferencia de Presidentes Autonómicos, que se celebrará el próximo día 13 de diciembre en Santander, y en la que se abordará la gestión migratoria".
En este sentido, quedó plasmado en el documento, "reivindicamos, una vez más, la modificación de la Ley Orgánica de Extranjería que garantice la solidaridad con una distribución equitativa de estos menores y, además, que se impulse una hoja de ruta que contemple todas las dimensiones de la crisis migratoria con una política de Estado que implique a todas las administraciones". Por lo tanto, todas las partes han reafirmado el acuerdo suscrito en julio constatando que "Canarias afronta en solitario el drama de la diáspora africana, porque en estos momentos, más de 5.500 niños, niñas y adolescentes migrantes no acompañados están bajo la tutela de la Comunidad Autónoma que, junto con sus instituciones y el apoyo del tercer sector, intenta darles una asistencia digna que les permita tener un futuro más esperanzador".
Los firmantes han insistido en que "las Islas no pueden más y necesitan de la solidaridad real y efectiva del resto de Comunidades Autónomas para dar la mejor respuesta posible".
Tal y como recordaron en el documento de acuerdo, "la entrada en territorio español y el control del flujo migratorio es una competencia exclusiva del Estado, que tiene el deber de garantizar el principio de solidaridad, consagrado en la Constitución, atendiendo a las especiales circunstancias de aquellos territorios en los que los flujos migratorios tengan una especial incidencia, mientras que la protección de personas menores de edad no acompañadas llegadas a España es competencia de todas las Comunidades Autónomas, no de una en solitario".
