NOELIA C. DEL TORO
La enmienda, que había sido aprobada en el Senado con un amplio apoyo, contemplaba un crédito extraordinario para cubrir las obligaciones de subvención al transporte aéreo durante los años 2024 y 2025. Sin embargo, el veto del Ejecutivo ha suscitado críticas sobre la falta de compromiso del Gobierno para apoyar a las regiones que dependen en gran medida de la conectividad aérea.
El PP advierte que esta decisión tendrá consecuencias inmediatas en las Islas y en las ciudades autónomas. La falta de apoyo podría resultar en un aumento de los precios de los billetes de avión, ya que las aerolíneas podrían trasladar los costos a los pasajeros. Esto complicaría la movilidad diaria de los canarios, tanto entre Islas como con la Península.
Además, la conectividad aérea podría verse amenazada, lo que podría llevar a la pérdida de rutas y frecuencias, aumentando el aislamiento del Archipiélago. El sector turístico, fundamental para la economía canaria, también se vería afectado, ya que un acceso más costoso podría desincentivar la llegada de visitantes, perjudicando a los negocios locales.
Los populares subrayan que el veto no solo compromete la subvención actual, sino que también podría poner en duda futuras ayudas al transporte aéreo. "Si se normaliza este veto, cualquier apoyo a la movilidad de los canarios quedará en entredicho", advierten, señalando que esto podría afectar la estabilidad de las conexiones aéreas y la economía de Canarias.
Desde un punto de vista jurídico, el Gobierno ha invocado el artículo 134.6 de la Constitución, que prohíbe tramitar enmiendas que impliquen un aumento del gasto sin autorización expresa. Sin embargo, el PP recuerda que el Gobierno actual no tiene presupuestos en vigor, ya que los aprobados en 2022 pertenecen a un gobierno disuelto.
El procedimiento seguido ha generado más controversia. Tras la aprobación de la enmienda en el Senado, el diputado por Las Palmas, Guillermo Mariscal, denunció que se estaba manipulando un criterio jurídico para facilitar el veto. El Gobierno decidió vetar la enmienda en el Congreso, lo que ha sido interpretado como una intromisión sin precedentes en la autonomía legislativa del Senado.
El PP también ha criticado la aparente doble moral del Gobierno, que ha autorizado un aumento del gasto en Defensa de 10.000 millones de euros, mientras niega a Canarias una compensación garantizada por el Régimen Económico y Fiscal (REF), que busca igualdad de oportunidades para todos los españoles.
La postura de Coalición Canaria ha sido señalada por el Partido Popular como cómplice del bloqueo. En el Senado, Coalición Canaria presentó una enmienda reducida a 300 millones, menos del 25% de la deuda actual, y se abstuvo en la votación para incrementar la cifra a 1.200 millones, debilitando así la posición de Canarias ante el Gobierno.
El PP de Canarias ha reafirmado su compromiso de seguir defendiendo esta compensación en el Congreso, considerándola vital para la movilidad de los ciudadanos, el transporte de mercancías y la sostenibilidad del turismo. “No vamos a permitir que el sectarismo político ponga en riesgo el futuro de nuestra tierra”, afirmaron fuentes del partido.
