JOSÉ LUIS JIMÉNEZ
En el universo burocrático, esto equivale a la invisibilidad funcional: los ediles conservarán el derecho biológico de levantar la mano para votar, pero perderán el flujo financiero que justifica su existencia en el sistema. Se les retira el sueldo, esa dosis de morfina que permite soportar la vacuidad de la vida pública.
La decisión de Torres actúa como un reactivo químico sobre la realidad de Santa Lucía de Tirajana. El Ayuntamiento, que hasta ahora se aferraba a un acuerdo de pleno protector como quien se aferra a un placebo, se verá obligado a ejecutar la purga. No hay nada trágico en este proceso; es simplemente la aplicación del Pacto Antitransfuguismo entendido como una ley de la termodinámica: nada se crea, todo se degrada. El individuo que abandona la protección de su partido cree que está realizando un acto de libertad, pero el Estado le recuerda rápidamente que la libertad es un concepto oneroso que no está incluido en el presupuesto de las administraciones locales.
Es curioso observar la simetría de esta descomposición. Prica nació de una escisión de Nueva Canarias (NC), repitiendo el mismo proceso de mitosis celular que la propia NC ejecutó contra Coalición Canaria (CC) hace dos décadas. Es la repetición monótona de una estructura que no genera nada nuevo, solo fragmentos más pequeños y hambrientos. El informe ministerial, solicitado irónicamente por los propios miembros de Prica en un rapto de ingenuidad procesal, se ha convertido en su propia fosa común. Teodoro Sosa y Óscar Hernández, los alcaldes de Gáldar y Agüimes, observan el naufragio desde la orilla, protegidos por sus propias marcas locales, inmunes a una enfermedad que solo afecta a quienes cometieron el error de compartir una papeleta oficial de partido.
Para los ediles afectados, la pérdida del salario no es solo una crisis económica; es una crisis de identidad. En una sociedad donde el valor de un hombre se mide por su capacidad de consumo, quedar reducido a un concejal sin retribución es una forma de castración social. El sistema les permite seguir votando, les permite seguir asistiendo a los plenos para observar cómo el mundo continúa girando sin ellos, pero les niega los medios para participar en el simulacro. Es la reducción del representante público a una sombra administrativa, una entidad que ocupa un espacio físico en el salón de plenos pero que ha dejado de emitir señales de vida financiera.
Falta apenas un año para que el mecanismo electoral vuelva a ponerse en marcha, y la controversia entre Prica y Nueva Canarias se asemeja a la lucha de dos organismos parasitarios por un mismo huésped en descomposición. Carmelo Ramírez, secretario de organización de NC, ejerce su función con la eficacia de un cirujano que extirpa un tejido sobrante. El informe de Torres le proporciona el bisturí definitivo. Sin sueldo y sin recursos para asesores, los disidentes de Prica se enfrentan a un desierto absoluto. Su capacidad de movimiento queda limitada a la inercia de sus propios votos, mientras el partido original recupera el control de los recursos y del relato.
Al final, cuando el criterio ministerial se haga oficial, el Ayuntamiento de Santa Lucía de Tirajana no será más que el escenario de un ajuste de cuentas técnico. La política canaria, en su vertiente nacionalista, demuestra una vez más su incapacidad para la renovación, prefiriendo el canibalismo burocrático a cualquier forma de evolución. Los concejales de Prica descubrirán que, fuera de la disciplina de partido, el sol calienta menos y las facturas se acumulan con la misma indiferencia con la que el Ministerio redacta sus informes. La supervivencia, en política como en la vida, siempre ha sido una cuestión de flujo de caja.
