¿Qué fue del plan para dotar a la desaladora Las Palmas III de un sistema fotovoltaico flotante?

Humo. El Complejo de Desalación de Piedra Santa, un bastión de hormigón e ingeniería hidráulica en el litoral de Las Palmas de Gran Canaria, consume electricidad con la voracidad propia de una infraestructura que sostiene la vida en una isla atlántica. Las plantas de ósmosis inversa son los mayores sumideros energéticos del Archipiélago. Bajo esa premisa, cualquier promesa de ahorro adquiere tintes de acontecimiento estratégico.

Corría 2021 cuando la literatura corporativa y académica bautizó hace un tiempo la enésima solución para este desafío: instalar una planta solar fotovoltaica flotante de 1,53 megavatios directamente sobre la lámina de agua de la balsa de captación marina de la central Las Palmas III. La iniciativa pretendía mitigar el coste de la factura eléctrica y estabilizar la temperatura del agua para optimizar las membranas de filtrado. El balance actual del proyecto ilustra la enorme distancia que separa la excelencia de un ejercicio académico del crudo pragmatismo de la gestión industrial.

La génesis del proyecto se sitúa en un marco institucional impecable. Un convenio de colaboración tripartito entre la Universidad Europea de Canarias, el Instituto Tecnológico de Canarias (ITC) y la empresa público-privada Emalsa sirvió de cobertura para que un grupo de alumnos del Máster en Energías Renovables diseñara este campo solar flotante nearshore. El trabajo técnico, bendecido con la máxima calificación y propuesto para Matrícula de Honor por un tribunal universitario, presentaba métricas atractivas. Una inversión estimada en dos millones de euros permitiría generar energía limpia equivalente al 3% del consumo anual de la desaladora, esquivar la emisión de 1.900 toneladas de dióxido de carbono al año y recortar la facturación de Emalsa en unos 170.400 euros anuales.

El principal atractivo del estudio no radicaba únicamente en la producción eléctrica, sino en un sofisticado efecto termodinámico colateral. Al cubrir la balsa de agua de mar con los paneles fotovoltaicos, la masa líquida quedaba protegida de la irradiación solar directa. Las simulaciones reflejaron una estabilización del gradiente térmico diario, reduciendo la temperatura del agua acumulada entre 0,18°C y 0,32°C según las condiciones meteorológicas. Este enfriamiento, aparentemente marginal, mejora sustancialmente la eficiencia de los procesos de ósmosis inversa y disminuye la concentración de boro en el agua potable final. El binomio agua-energía encontraba en Piedra Santa su laboratorio ideal.

Sin embargo, los ambiciosos resultados técnicos se toparon de inmediato con la realidad operativa de los operadores de infraestructuras críticas. El proyecto, financiado en su origen por fondos europeos Feder a través del programa Interreg Atlantic Area y cobijado bajo el paraguas de la plataforma Desal+ Living Lab, ha quedado congelado en la fase de análisis de viabilidad económica. La transición de un modelo matemático universitario a una inversión de capital real exige plazos y amortizaciones que los comités de dirección de las grandes compañías de agua examinan con extremo recelo.

Fuentes del sector energético en el Archipiélago señalan que el principal escollo para la ejecución a medio plazo de la planta fotovoltaica flotante de Piedra Santa radica en el prolongado horizonte de retorno de la inversión. Un ahorro anual estimado de 170.000 euros para un desembolso inicial que roza los dos millones sitúa el periodo de amortización básico por encima de los doce años, una cifra que se estira considerablemente si se añaden los elevados costes de mantenimiento específicos de un entorno marino hipercorrosivo. La acumulación de salitre, el impacto del oleaje atlántico en una balsa costera abierta y la degradación acelerada de los materiales añaden un factor de riesgo financiero que la simulación teórica del máster no asume en su totalidad.

El marco regulatorio de los sistemas flotantes costeros en España introduce una capa adicional de parálisis burocrática. Las Palmas III depende de autorizaciones de Costas, concesiones portuarias y evaluaciones de impacto ambiental severas que dilatan cualquier obra civil en el litoral canario durante años.

Mientras la propaganda institucional sigue vendiendo el proyecto como un modelo pionero exportable a otras regiones del mundo y alineado con las directrices de descarbonización de la Unión Europea, la realidad en las oficinas de Piedra Santa confirma que la planta flotante de 1,53 megavatios permanece guardada en un cajón documental. El plan de Emalsa y sus socios tecnológicos se reduce hoy a un impecable trabajo de fin de máster; una brillante formulación teórica atrapada en el purgatorio de los proyectos industriales que necesitan mucho más que una mención de honor universitaria para justificar su presupuesto.

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