JOSÉ LUIS JIMÉNEZ
La entidad ha pasado un año ininterrumpido sin adquirir ni un solo megavatio en el mercado mayorista. El Ministerio para la Transición Ecológica ha ejecutado una purga regulatoria por falta de pulso. El ambicioso proyecto de la "luz municipal", bandera de la gestión de Podemos en la pasada legislatura, queda reducido a un esqueleto administrativo expulsado del censo de agentes operativos.
En abril de 2022, el entonces concejal de Urbanismo, Javier Doreste, en la órbita de Podemos, impulsó una modificación de los estatutos de Geursa. Bajo la retórica de la "soberanía energética" y la descarbonización, se dotó a la sociedad urbanística de competencias para actuar como comercializadora. La intención era competir con el "oligopolio" eléctrico y gestionar directamente el suministro de los edificios públicos y la vivienda social. La realidad técnica ha demostrado ser un muro infranqueable para una gestión más centrada en el titular que en la operativa.
Geursa, una sociedad diseñada para el planeamiento y la obra civil, se vio forzada a entrar en un mercado de alta especialización técnica. La parálisis administrativa ha devuelto a la entidad a su casilla de salida, confirmando que la distancia entre el idealismo político y el trading de energía es insalvable para una estructura pública rígida.
La extinción de esta habilitación es el certificado de defunción de un modelo de gestión basado en la expansión desmedida de competencias. Dotar a Geursa de la capacidad de vender energía fue un movimiento estratégico de Podemos para justificar su peso en el pacto de gobierno, pero la ejecución ha sido inexistente. Durante 365 días, la sociedad no ha realizado una sola transacción. El sistema eléctrico español no admite agentes pasivos; la energía es un flujo dinámico y la normativa penaliza la reserva de licencias que no se utilizan. La pérdida del permiso supone el colapso de una ambición que pretendía controlar el kilovatio municipal desde una oficina de urbanismo.
La orfandad regulatoria de Geursa deja en el aire la viabilidad de los proyectos de comunidades energéticas y vivienda pública sostenible que debían nutrirse de esta comercializadora. Al perder el derecho a operar en el mercado de producción, el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria pierde su capacidad de ofrecer tarifas bonificadas a los ciudadanos más vulnerables. La ciudad vuelve a ser rehén de los contratos con terceros. Lo que se proyectó como una herramienta de ahorro para las arcas públicas se ha transformado en un fracaso burocrático que refuerza, irónicamente, la hegemonía de las grandes eléctricas que el anterior grupo de gobierno pretendía combatir.
El caso de Geursa es sintomático de una hipertrofia administrativa donde se acumulan funciones sin dotación técnica ni voluntad real de ejecución. El Ministerio ha aplicado el rigor de la inercia: lo que no se mueve, se elimina. La dirección de la sociedad municipal se enfrenta ahora al reto de explicar por qué una herramienta clave para la transición ecológica se ha oxidado en un cajón. La pérdida de la licencia es la pérdida de la soberanía energética local. La autonomía que se prometió en los plenos municipales de 2022 se ha apagado antes de haber gestionado su primera factura.
La soberbia de creer que el carisma político o la ideología pueden sustituir a la solvencia técnica en el pool eléctrico ha pasado factura. Geursa se limita ahora a sus funciones originales, observando cómo su incursión en el sector eléctrico termina en una purga por desidia. El vacío que deja la comercializadora pública en el mercado es un espacio que el sector privado recupera sin resistencia. Mientras tanto, la ciudad observa cómo su proyecto de vanguardia energética se convierte en una anécdota de la "caja negra" de la gestión municipal de Podemos.
La resolución ministerial pone fin a una ficción operativa. Para recuperar esta posición, el Consistorio debería reiniciar un proceso burocrático tortuoso y demostrar una solvencia que Geursa ha demostrado no poseer en este ámbito. El tiempo de la utopía de escritorio ha terminado. La comercialización eléctrica exige un compromiso diario con el mercado y una agilidad procedimental que la sociedad urbanística de Las Palmas de Gran Canaria no ha sabido, o no ha podido, demostrar. La luz municipal prometida se ha fundido por falta de uso.
