NOELIA C. DEL TORO
El notable aumento en la compra de propiedades por parte de extranjeros ha sido un factor clave en la implementación de esta medida, impactando el mercado inmobiliario y provocando un incremento en los precios, así como fenómenos de gentrificación que dificultan el acceso a la vivienda para los residentes locales. En 2024, se registraron en Canarias 24.860 transacciones de viviendas, de las cuales 24.068 eran libres, 792 protegidas, 6.803 nuevas y 18.057 usadas. Este aumento interanual del 4,6% fue el más bajo de España, en contraste con el crecimiento nacional del 10%. En la provincia de Las Palmas, se adquirieron 13.439 viviendas, mientras que en Santa Cruz de Tenerife se compraron 11.421. El total de fincas transmitidas en el Archipiélago, en 2024, alcanzó las 74.062, lo que representa un incremento anual del 5,4%, superando la media nacional del 5%. En diciembre de 2024, se vendieron 1.682 viviendas en Canarias, un 15% más que en el mismo mes de 2023. El 41% de las viviendas vendidas en Canarias el año pasado fueron adquiridas por extranjeros, principalmente italianos y británicos, con especial incidencia de mauritanos en Las Palmas de Gran Canaria. Ante estas cifras y el aumento de precios, Canarias está considerando la posibilidad de restringir la compra de propiedades a no residentes.
En la Unión Europea, Finlandia es un ejemplo a seguir. En las Islas Åland, los extranjeros necesitan un permiso específico para adquirir propiedades. En Malta, se requiere justificar la residencia en el país durante los últimos cinco años para comprar una segunda vivienda. Dinamarca permite a los extranjeros comprar propiedades solo como primera residencia o sede de un negocio, y en Croacia se limita la compra de tierras agrícolas. Estos países europeos pueden implementar tales restricciones porque así lo acordaron en sus tratados de adhesión, algo que España no propuso en 1986, lo que representa un obstáculo para el Gobierno canario.
Además, el Archipiélago enfrenta complicaciones debido al artículo 63 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea, que prohíbe limitar la libre circulación de capitales y la compra de bienes. Esta fue la razón por la que el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) rechazó una propuesta similar de algunos municipios de Flandes, en Bélgica. A pesar de las dificultades, existen excepciones en la legislación. La Unión Europea no cierra la puerta a la propuesta canaria, pero requiere justificación. Para frenar el aumento de precios en el mercado inmobiliario, países como Canadá, Australia y Nueva Zelanda han restringido la compra de propiedades por parte de extranjeros. Canadá, por ejemplo, ha implementado una restricción por un periodo de dos años. En Andorra, se ha limitado la compra hasta que se establezca un impuesto específico para estos inversores no nacionales, con el objetivo de financiar la construcción de vivienda pública.
