
El Tribunal de Cuentas cifra en 13 millones el dinero devuelto a Madrid por el retraso del BRT MetroGuagua
JOSÉ LUIS JIMÉNEZ
El proyecto de la MetroGuagua, concebido como la columna vertebral de la movilidad futura en Las Palmas de Gran Canaria, se ha transformado en un laberinto administrativo y financiero que ya factura facturas millonarias a las arcas municipales. Según el último informe de fiscalización del Tribunal de Cuentas, el Ayuntamiento ha tenido que reintegrar un total de 13.303.976,49 euros a otras administraciones debido a incumplimientos de plazos y falta de justificación.
La mayor parte de este reembolso, unos 13,1 millones de euros, ha regresado directamente a las arcas de la Administración General del Estado, a lo que se suman más de 3 millones de euros en intereses de demora.
El desvío presupuestario del proyecto es masivo. Lo que en 2017 se proyectó con un coste de 102,3 millones de euros ha escalado, a cierre de 2024, hasta los 158,5 millones de euros, un incremento del 54,95%. Esta deriva económica se explica por una serie de incidencias en la ejecución de los ocho tramos previstos: solo cuatro han finalizado, mientras que el resto se debate entre ejecuciones accidentadas y fases de proyecto que no terminan de arrancar. La fecha de finalización se ha desplazado ya hasta el segundo trimestre de 2028, siete años después de lo previsto inicialmente.
La gestión de las estaciones y tramos clave revela una parálisis operativa alarmante. En la estación de Hoya de la Plata, el Ayuntamiento tuvo que devolver una subvención de 10 millones de euros al Ministerio de Fomento, más 2,3 millones en intereses, tras lograr certificar menos del 5% de la obra en quince meses de contrato. La obra fue finalmente resuelta por incumplimiento del contratista. Situación similar atraviesa el paso inferior del Parque Santa Catalina, donde deficiencias en el proyecto original y problemas de inestabilidad del terreno forzaron una resolución contractual en 2024, dejando la licitación de las obras pendientes en el aire hasta 2026.
El frente judicial añade una capa de sombra sobre la infraestructura. Además de múltiples litigios contencioso-administrativos por impagos de facturas y revisiones de precios, el proyecto se enfrenta a una investigación en el Orden Penal. Actualmente existen diligencias previas con cuatro piezas separadas que investigan hechos relacionados con el tramo 8. El Ayuntamiento, según el informe, manifestó en septiembre de 2025 desconocer el estado de estas investigaciones tras habérsele denegado la personación como perjudicado, mientras los plazos de ejecución de dicho tramo sufrieron hasta siete prórrogas consecutivas.


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