JOSÉ LUIS JIMÉNEZ
El Decreto-ley 1/2026 pone fin a la era en la que el Estado pretendía confiscar el cielo de las viviendas para instalar excedentes de energía que nadie consume, devolviendo el espacio al aire y a la libertad individual de decidir cuánta luz capturar. Las zonas de aceleración son cicatrices necesarias en el suelo rústico. En nombre de la emergencia climática, el paisaje se vuelve secundario: las leyes de la física y la ingeniería de 2 MW ignoran ahora las curvas del terreno, demostrando que, cuando la necesidad energética aprieta, el planeamiento urbanístico es solo un estorbo burocrático que se puede sortear con una firma en el boletín oficial.
El Boletín Oficial del Estado ha dado naturaleza definitiva al Decreto-ley 1/2026, una norma que redefine el tablero de las energías renovables en el Archipiélago. Tras meses de rigidez normativa, el Gobierno de Canarias introduce un marco de mayor pragmatismo técnico para desatascar el despliegue fotovoltaico y eólico. La nueva regulación, ya convalidada por el Parlamento regional, busca corregir los excesos de mandatos anteriores que imponían obligaciones de ingeniería difícilmente ejecutables en el parque edificatorio canario.
El cambio más tangible afecta al autoconsumo residencial. La normativa anterior obligaba a cubrir el 100% de las azoteas con paneles solares en nuevas edificaciones, una medida que colisionaba con el uso tradicional de las cubiertas en las Islas. El nuevo texto elimina esta imposición para las viviendas unifamiliares, permitiendo dimensionar las instalaciones según la demanda real del usuario —con un mínimo de 5 kW— y protegiendo el uso recreativo de la terraza. En edificios colectivos, la exigencia de ocupación cae al 50%, siempre que exista una justificación técnica que avale la reducción.
La participación local en los grandes proyectos energéticos también experimenta una mutación semántica con profundas implicaciones financieras. El Decreto-ley elimina el concepto estricto de "propiedad" para abrir la puerta a fórmulas de financiación alternativas en proyectos superiores a 2 MW en suelo. Esta modificación permite que Ayuntamientos y Cabildos se conviertan en actores activos del sistema, permitiéndoles incluso compensar su participación mediante los cánones de ocupación de suelo rústico. Se rompe así la barrera que limitaba la implicación local a la mera tenencia de acciones, flexibilizando la entrada de capital institucional cercano al territorio.
En el ámbito del suelo y la ordenación, la norma introduce las Zonas de Aceleración de Renovables (ZAER), aunque con un alcance más matizado y alineado con las directrices de la Unión Europea. En estas áreas, se suspenden las restricciones tradicionales de pendiente natural y las limitaciones del planeamiento urbanístico, acelerando la tramitación de los proyectos de mayor envergadura. Además, se agiliza la modernización de instalaciones industriales existentes, permitiendo ampliaciones sin la necesidad de una adaptación completa previa del planeamiento, un movimiento que los promotores califican como el fin de una parálisis burocrática histórica.
