NOELIA C. DEL TORO
Tras el encuentro, la consejera de Presidencia, Nieves Lady Barreto, explicó que en las próximas semanas los equipos técnicos y jurídicos de ambas partes intercambiarán documentación con el fin de construir una propuesta concreta. Ese primer trabajo servirá de base para una futura comisión técnica, en la que también participarán representantes del Ministerio de Transportes y de la Consejería de Obras Públicas.
La intención del Ejecutivo canario es que este proceso se desarrolle con agilidad. Barreto subrayó que la aspiración de Canarias es ganar peso real en la toma de decisiones sobre sus aeropuertos canarios, un ámbito que considera estratégico para un territorio fragmentado y dependiente del transporte aéreo. En esa línea, valoró la disposición mostrada por el Ministerio de Política Territorial durante la reunión y destacó que el asunto ya forma parte de la agenda bilateral entre ambos gobiernos.
La responsable autonómica insistió en que Canarias afronta esta negociación con la voluntad de llegar “al máximo” dentro del marco legal vigente. Su planteamiento pasa por lograr una posición significativamente mejor que la actual en la planificación, programación y gestión de las infraestructuras aeroportuarias del archipiélago.
Según expuso, el objetivo político del Gobierno canario no es solo abrir una mesa de diálogo, sino traducir esa negociación en avances concretos en un plazo breve. La relevancia de esta demanda se apoya en la condición de Canarias como región ultraperiférica, donde la conectividad aérea tiene un valor esencial no solo para la movilidad ciudadana, sino también para la economía, el turismo y la cohesión territorial.
Desde la parte estatal, la secretaria general de Coordinación Territorial del Ministerio de Política Territorial y Memoria Democrática, Miryam Álvarez, trasladó el compromiso del Estado para seguir avanzando en esta materia. Como muestra de esa implicación, recordó que este tipo de reuniones bilaterales suele desarrollarse de forma telemática, pero en esta ocasión se optó por un encuentro presencial, una decisión que vinculó a la voluntad del Gobierno central de evidenciar su implicación con Canarias.
Álvarez señaló que, una vez delimitado el campo de trabajo, se abre ahora una etapa de negociación que, a su juicio, puede desembocar en acuerdos. En ese contexto, citó como antecedente el caso de Euskadi, donde la creación de un órgano autonómico vinculado a la gestión de sus tres aeropuertos se cerró tras diez meses de conversaciones.
El fundamento jurídico de esta reclamación canaria se encuentra en el artículo 161 del Estatuto de Autonomía, que reconoce la participación de la comunidad autónoma en la planificación y gestión de puertos y aeropuertos de interés general, dentro de los términos fijados por la normativa estatal.
Ese mismo precepto establece además que los puertos y aeropuertos radicados en Canarias que sean de interés general y continúen bajo gestión directa del Estado deben contar con un régimen especial de funcionamiento en el que participen las administraciones públicas canarias. La razón que justifica ese tratamiento singular es doble: el carácter archipielágico del territorio y su condición de ultraperiferia.
El artículo también abre la puerta a que la comunidad autónoma participe, conforme a la legislación estatal, en las decisiones relacionadas con tasas, precios públicos o prestaciones patrimoniales que afecten a los aeropuertos del archipiélago. Para el Ejecutivo regional, estos apartados no deben tener una lectura meramente simbólica, sino traducirse en una participación efectiva en las decisiones que afectan a los ocho aeropuertos de Canarias.
En la práctica, el Gobierno autonómico considera insuficiente el esquema actual, limitado a los Comités de Coordinación Aeroportuaria convocados por Aena. Desde la perspectiva canaria, estos órganos tienen un carácter principalmente informativo, ya que las decisiones relevantes llegan adoptadas de antemano por la Administración estatal o por el gestor aeroportuario.
La reunión entre Canarias y el Estado no se centró únicamente en la cogestión aeroportuaria. Sobre la mesa también estuvo otra de las preocupaciones prioritarias del Ejecutivo autonómico: la necesidad de ampliar el plazo de ejecución de los fondos europeos destinados a proyectos de energías renovables.
Canarias, junto a organizaciones del ámbito energético y empresarial del archipiélago, reclama que el límite actual, fijado en julio de 2026, se prorrogue hasta el 31 de diciembre de 2028. El motivo es claro: sin esa ampliación, peligran alrededor de 200 millones de euros asignados al archipiélago a través del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia (MRR), la principal herramienta de NextGenerationEU para impulsar la recuperación económica y acelerar la transición ecológica y digital.
El Ejecutivo canario defiende que disponer de más tiempo permitiría asegurar la ejecución de proyectos clave vinculados a la modernización energética del archipiélago. La reclamación se enmarca, por tanto, en una estrategia más amplia que combina la defensa del autogobierno con la protección de recursos económicos considerados esenciales para la transformación de las islas.
Otro de los asuntos planteados por Canarias al Estado, aunque no abordado en esta reunión, es el relativo al control fiscal de los incentivos del Régimen Económico y Fiscal (REF). Esta cuestión, también vinculada al desarrollo del autogobierno canario, queda por ahora a la espera de respuesta por parte del Ministerio de Hacienda.
Barreto consideró lógico este compás de espera, aludiendo al reciente relevo al frente de ese departamento ministerial. De este modo, la negociación sobre el REF continúa en pausa hasta que el Gobierno central analice la documentación remitida por la comunidad autónoma.
En representación del Gobierno de Canarias asistieron, junto a Nieves Lady Barreto, el viceconsejero de Presidencia, Alfonso Cabello, y el secretario general de la Presidencia, Ceferino Marrero. Por parte del Estado participaron, además de Miryam Álvarez, el director general de Cooperación Autonómica y Local, Rafael Briet, y el director general de Régimen Jurídico Autonómico y Local, Gonzalo Díaz.
La activación de estos grupos de trabajo marca así el inicio formal de una nueva fase de diálogo entre ambas administraciones sobre una materia que Canarias considera estratégica. El foco inmediato estará en concretar hasta dónde puede llegar esa mayor presencia autonómica en la gestión aeroportuaria, un debate con implicaciones políticas, jurídicas y económicas para el conjunto del Archipiélago.
