JOSÉ LUIS JIMÉNEZ
La justificación se centra en la doctrina del Tribunal Constitucional, que permite modificaciones tributarias siempre que no alteren los pilares estructurales del sistema ni la capacidad económica global de los contribuyentes.
El riesgo fundamental del Decreto ley radica en la posible impugnación por vicio de inconstitucionalidad derivado de un uso abusivo del juicio de "extraordinaria y urgente necesidad". La doctrina del Tribunal Constitucional exige que la situación concurrente no sea meramente coyuntural o económica, sino un presupuesto de hecho habilitante que no admita la dilación propia de la tramitación legislativa ordinaria.
Si el Tribunal considerase que las medidas tributarias —específicamente la elevación del umbral para el régimen especial del IGIC y las bonificaciones al combustible— no guardan una conexión de sentido directa e inmediata con la urgencia invocada, o que la exposición de motivos carece de la necesaria motivación "explícita y razonada" exigida por la STC 14/2020, el Decreto ley correría el riesgo de ser declarado nulo por extralimitación competencial, con la consiguiente inseguridad jurídica y el potencial efecto de retroactividad impropia sobre las liquidaciones tributarias practicadas bajo su vigencia.
La clave de este blindaje legal reside en la distinción entre impuestos globales y gravámenes específicos. El Gobierno regional argumenta que los ajustes realizados —como el incremento en la devolución del impuesto sobre combustibles para agricultores y transportistas, o la modificación de tipos del IGIC— no constituyen una prestación patrimonial nueva ni una agravación de las existentes. Siguiendo la jurisprudencia, el Ejecutivo defiende que estas medidas no afectan a los pilares fundamentales del sistema tributario canario, sino que actúan sobre manifestaciones concretas de capacidad económica, un terreno donde el decreto ley es plenamente legítimo.
El decreto ley también incluye la reforma del régimen especial del pequeño empresario o profesional en el IGIC. Esta medida eleva de 30.000 a 50.000 euros el límite máximo de volumen de operaciones anuales para acogerse al régimen especial. Según el texto, este cambio no vulnera los límites materiales de urgencia, puesto que se trata de una modificación técnica de alcance limitado que no repercute sensiblemente en el reparto general de la carga tributaria entre los ciudadanos.
Para superar el requisito de "conexión de sentido" exigido por el Tribunal Constitucional, el Ejecutivo ha definido de forma explícita y razonada la situación de necesidad que motiva el decreto. El Gobierno argumenta que la urgencia radica en la imposibilidad de prever las circunstancias económicas actuales, lo que obliga a actuar en un plazo mucho más breve del que permitiría la tramitación parlamentaria ordinaria. Con esta exposición, el Gobierno de Canarias intenta cerrar el paso a posibles impugnaciones, reafirmando que el uso de la legislación de urgencia es el instrumento constitucional adecuado para responder a la coyuntura económica inmediata del Archipiélago.
El decreto ley queda estructurado en veintidós artículos, repartidos en tres capítulos, dos disposiciones adicionales y dos finales. La administración autonómica da por cumplidos así los principios de buena regulación, necesidad y proporcionalidad exigidos por la Ley del Procedimiento Administrativo Común. Con esta arquitectura legal, el Gobierno busca dotar de total seguridad jurídica a unas medidas que, aunque aprobadas por la vía de urgencia, se presentan ante el legislativo y la ciudadanía como una respuesta necesaria y plenamente ajustada al marco estatutario vigente.
