El despliegue del cable submarino que conectará Gran Canaria con la Península ha entrado en su fase decisiva de ejecución técnica y control financiero. El Ministerio para la Transformación Digital ha formalizado un ajuste técnico en las condiciones de la subvención directa otorgada a Telefónica de España.

Esta modificación, lejos de ser un mero trámite, es una pieza clave para asegurar que el proyecto se alinee con el hito CID 242 del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, garantizando así la elegibilidad de los fondos europeos en el marco del mecanismo Next Generation EU.

El trasfondo financiero de este real decreto es la gestión de una bolsa pública de 57 millones de euros destinada a infraestructuras de cables submarinos y proyectos de I+D+i. Aunque esta dotación estaba ya comprometida en la concesión original de 2024, el nuevo decreto actúa como un mecanismo de aseguramiento contable. La norma establece que Telefónica debe presentar toda la documentación justificativa antes del 30 de junio de 2026, mediante una cuenta detallada que cuente con el respaldo de un auditor externo. Este endurecimiento de los controles responde a la necesidad de prevenir cualquier riesgo de conflicto de interés, fraude o duplicidad de financiación, bajo el estricto seguimiento de la Intervención General del Estado.

Para Gran Canaria, esta infraestructura constituye un activo estratégico que trasciende la conectividad convencional. El proyecto ha superado los filtros medioambientales del principio DNSH ("no causar un perjuicio significativo"), asegurando que tanto el tendido del cable como las instalaciones de cabecera cumplan con los estándares europeos de eficiencia energética y resiliencia climática.

El despliegue se perfila así como una arteria digital fundamental para reducir la brecha de conectividad entre el Archipiélago y el continente, asegurando un ancho de banda robusto y estable en un sector, el de las telecomunicaciones, donde la redundancia de rutas submarinas es una cuestión de soberanía tecnológica. El calendario es ahora el factor crítico para el éxito del despliegue. Tras la entrada en vigor del real decreto, el Ministerio dispone de un margen estrecho para verificar que los hitos de ejecución se cumplen antes del cierre del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia en agosto de 2026.

Con la ratificación de esta norma, el Gobierno despeja las incertidumbres burocráticas y traslada la presión de ejecución al beneficiario, Telefónica, que debe certificar la culminación de la obra en tiempo récord. La finalización de este cable no solo cumplirá con los indicadores europeos, sino que dotará a Gran Canaria de una infraestructura de nueva generación crítica para su desarrollo económico en la próxima década.

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