JOSÉ LUIS JIMÉNEZ
Y es que el pánico bancario posee una partitura universal e invariable. Comienza con un murmullo sutil en las esquinas de los mercados de abastos, se transforma en miradas de sospecha frente a las ventanillas de mármol y culmina en el estallido físico de las multitudes que exigen la devolución inmediata de sus activos tangibles. En la Gran Canaria de los años treinta, esta coreografía de la desconfianza destruyó la principal institución financiera de las clases trabajadoras, transformando el Monte de Piedad y la Caja de Ahorros de Las Palmas en el epicentro de un drama social que mezcló los ahorros de los pequeños imponentes con las disputas judiciales de la burguesía portuaria local.
La canalización del ahorro popular en el archipiélago canario careció de una estructura formalizada hasta la creación de las primeras cajas de ahorros en la segunda década del siglo veinte. La delegación de Las Palmas inició sus operaciones en el año 1913, bajo el amparo de sectores eclesiásticos y de las fuerzas vivas de la sociedad grancanaria que buscaban una alternativa moral a la usura endémica que asfixiaba a los jornaleros agrícolas y a los estibadores del Puerto de la Luz. Los primeros balances reflejaban una actividad modesta, íntimamente ligada a la economía de la subsistencia y a las estafetas de Correos que admitían imposiciones para la Caja Postal.
El Monte de Piedad operaba como un termómetro exacto de la miseria urbana. A diferencia de las firmas de la City londinense que negociaban con bonos gubernamentales o fletes marítimos internacionales, la ventanilla de préstamos prendarios de Las Palmas basaba su balance diario en la tasación de los objetos más íntimos e inverosímiles de las familias de los barrios de Vegueta y El Refugio. Los libros de actas de la entidad detallan el empeño masivo de sábanas, mantas de lana, colchones de lana picada, bastones con puño de plata y máquinas de coser Singer. Estos bienes, esenciales para el desarrollo cotidiano, se entregaban a cambio de unas pocas pesetas que permitirían pagar el alquiler de las ciudadelas o adquirir víveres básicos.
Los tasadores de la institución realizaban su labor bajo criterios estrictos que pretendían evitar el fraude, examinando la pureza de las alianzas de boda, los relojes de bolsillo de plata y las mantillas de seda negra que las viudas entregaban en épocas de sequía portuaria o crisis en la exportación del plátano. El mecanismo de la prenda garantizaba un flujo constante de dinero circulante de baja denominación. El impago de los intereses semestrales conllevaba la ejecución de los bienes y su posterior salida a pública subasta, un espectáculo habitual en los patios de la institución que atraía a tratantes de viejo y a vecinos que buscaban rescatar, por unas monedas, los enseres perdidos por la vecindad.
La estabilidad de este entramado comenzó a agrietarse con la llegada de la crisis económica mundial y los desórdenes políticos de la Segunda República. Los depósitos, que habían mostrado un crecimiento sostenido durante los años veinte impulsados por las remesas de los emigrantes y los beneficios del comercio frutero, iniciaron un repliegue acelerado. Los pequeños imponentes, alarmados por los rumores de insolvencia y la parálisis de los bancos comerciales peninsulares, acudieron a retirar sus fondos para custodiarlos nuevamente bajo el ladrillo o el jergón.
La quiebra técnica de la entidad no respondió únicamente a factores macroeconómicos externos; se fraguó en la gestión de su junta de gobierno. Las auditorías ordenadas por el Ministerio de Trabajo y Previsión destaparon un entramado de préstamos concedidos de manera irregular a miembros destacados de la burguesía local y a empresas que carecían de garantías reales de solvencia. Los fondos reservados para cubrir las contingencias del ahorro popular se habían desviado hacia operaciones especulativas de adquisición de terrenos urbanos y financiación de negocios agrícolas que resultaron desastrosos.
La inspección contable reveló que la dirección de la Caja de Ahorros de Las Palmas había otorgado créditos de favor sin exigir las debidas contragarantías, contraviniendo los propios estatutos de la institución que exigían un control riguroso de los riesgos. Los descubiertos en las cuentas corrientes de ciertos consejeros y las prórrogas sistemáticas de pagarés vencidos vaciaron la liquidez operativa de la caja, imposibilitando la atención diaria de las solicitudes de retirada de fondos de los depositantes más humildes.
La indignación de los acreedores y pequeños ahorradores transformó el paisaje urbano de Las Palmas. Las colas frente a las puertas de la institución derivaron en altercados públicos, insultos directos a los empleados que permanecían tras las mamparas y amenazas de asalto a los almacenes que custodiaban las prendas del Monte de Piedad. Los afectados, conscientes de la pérdida de los ahorros de toda su vida activa, trataron de organizarse para ejercer una defensa colectiva de sus intereses legítimos.
La tensión social alcanzó su punto culminante con la convocatoria de una asamblea general extraordinaria en los salones del Círculo Arenales. La reunión, concebida inicialmente como un espacio de debate técnico entre los liquidadores y los imponentes, se transformó en un tumulto donde las distintas facciones de acreedores se disputaban el control de la estrategia judicial. Los pequeños ahorradores interrumpían los discursos de los letrados con gritos de protesta, exigiendo la ejecución inmediata de los bienes personales de los consejeros insolventes y la intervención del Fiscal de la República.
Las actas de la época reflejan el enfrentamiento directo entre los grandes acreedores comerciales, interesados en una liquidación ordenada que salvaguardara sus contratos pendientes, y la masa de trabajadores que demandaba la devolución prioritaria de sus libretas de ahorro. La policía republicana se vio obligada a establecer un cordón de seguridad en los accesos del Círculo Arenales para evitar que la muchedumbre asaltara la presidencia de la mesa. El sumario judicial abierto por el Fiscal de la República destapó las falsedades documentales cometidas en los balances oficiales presentados ante el Protectorado de las Cajas de Ahorro.
El proceso de liquidación se dilató durante años, atrapado en un laberinto burocrático que consumió gran parte de los activos restantes de la institución en el pago de costas judiciales, honorarios de letrados y sueldos de la comisión liquidadora. Las subastas forzosas de los inmuebles propiedad de la caja y la venta en lote de las prendas no reclamadas del Monte de Piedad apenas aportaron una fracción del capital necesario para resarcir a los imponentes, quienes debieron aceptar quitas sustanciales que redujeron su capacidad de consumo y hundieron a numerosas familias de la capital en la precariedad absoluta.
La quiebra de la Caja de Ahorros de Las Palmas alteró el mapa del asociacionismo y la previsión social en Gran Canaria. El hundimiento de la confianza en las instituciones financieras locales obligó a los trabajadores a buscar refugio en las mutualidades obreras de carácter gremial y en las secciones locales del Instituto Nacional de Previsión, cuyos fondos estaban blindados por la legislación estatal y no dependían de los vaivenes de las oligarquías portuarias o agrícolas de la provincia.
Las cifras de los imponentes muestran una caída vertical que las gráficas estadísticas de la época reflejan como un abismo insalvable. Entre los años 1930 y 1932, la retirada de depósitos adquirió una velocidad de colapso absoluto, coincidiendo con la parálisis de los muelles y la drástica reducción de las escalas de las líneas navieras internacionales que abastecían de carbón a los buques en ruta hacia el Atlántico Sur. La pérdida del ahorro popular significó la destrucción del único fondo de reserva disponible para la ancianidad, la enfermedad o la invalidez de millares de familias que carecían de cobertura pública oficial en el régimen preconstitucional.
El desenlace final de la entidad coincidiendo con los años del estallido bélico vio cómo la estructura administrativa remanente fue absorbida o desmantelada bajo el nuevo orden político institucional. La lección del crac de la caja de Las Palmas permaneció en la memoria colectiva de los ciudadanos de la isla como el ejemplo definitivo de los peligros de la sumisión financiera a los intereses de facción. El progreso económico canario, que los folletos fundacionales vinculaban a la labor benéfica del Monte de Piedad, demostró ser un artificio contable diseñado para captar los recursos de los desposeídos y financiar la consolidación de las fortunas privadas coloniales que operaban al amparo de la junta de gobierno de la entidad.
El rastro documental de los litigios, guardado en las cajas del archivo histórico, da fe de un tiempo donde la solidez de una institución no se medía por sus algoritmos de riesgo o su capitalización transnacional, sino por la resistencia física de los colchones de lana que abarrotaban sus sótanos y la paciencia de los imponentes que aguardaban bajo el sol del muelle la devolución de sus pesetas de papel. La desaparición de la caja de Las Palmas cerró la primera experiencia de banca social en el archipiélago, dejando tras de sí un tendal de quiebras familiares y un profundo resentimiento de clase que alimentó los discursos revolucionarios de la vanguardia obrera portuaria en los meses previos al colapso definitivo del régimen republicano.
