Y fue entonces, en aquel año de 1985 que no parece tan lejano si uno lo mira con los ojos del recuerdo, que el Parlamento de Canarias se convirtió en escenario de una representación que no era teatro, pero sí tenía dramaturgia, tensión, personajes y, sobre todo, un conflicto que no se resolvía en tres actos, sino que se prolongaría durante décadas.

Allí, en medio de discursos que no pretendían convencer sino resistir, Alianza Popular y el Partido Demócrata Popular subieron por separado al hemiciclo, como quien sube a un altar sabiendo que no habrá redención, y dijeron que no, que no al socialismo, que no a los hombres que lo representaban, que no a la posibilidad de un acuerdo, y ese no fue el principio del fin, sino la confirmación de que el fin ya había comenzado.

El desplome de la Unión de Centro Democrático (UCD) en 1982 fue un cataclismo político, pero sus réplicas se sintieron de manera particular en las Islas Canarias. En ese archipiélago donde la geografía ha dictado las reglas de la política, la crisis de Alianza Popular (AP) en 1985 es un capítulo revelador, un eco del pasado que explica las batallas del presente.

Magia

La UCD, en su agonía, demostró en las elecciones del 82 una insospechada resistencia en las Islas, obteniendo un 16,42% de los votos frente al 6,77% nacional. El fenómeno se explica por la fortaleza de los liderazgos personalistas, que en el momento de la disolución del partido se desperdigaron hacia nuevos proyectos. Algunos, como el sector liderado por Bravo de Laguna en Gran Canaria, se integraron en AP. La mayoría, sin embargo, optó por candidaturas municipales independientes, que más tarde se agruparían bajo el paraguas de Agrupaciones Independientes de Canarias (AIC), evidenciando una vez más el profundo arraigo del insularismo.

Pero el insularismo, que aupó a otros, se convirtió en el veneno de AP. La pugna interna entre los sectores de Tenerife y Gran Canaria era tan visceral que en 1985 la formación se quedó sin dirección regional. La crisis se hizo pública con la dimisión del presidente provincial de AP en Santa Cruz de Tenerife, Francisco Marcos, quien se vio obligado a abandonar el cargo tras "presiones desde un sector de la ejecutiva". La renuncia de Marcos, sumada a la del diputado regional Ramón González de Mesa, que no fue designado senador, expuso una herida interna que no podía sanar.

Veneno

El debate político en la cámara regional, tal como lo reflejan las actas del 16 de julio de 1985, era un campo de batalla donde se ventilaban estas diferencias. En el pleno del Parlamento, un portavoz del Grupo Popular (que agrupaba a AP y al PDP) reconocía abiertamente las divisiones. Al intentar justificar por qué el diputado Vicente Álvarez Pedreira no había subido a la tribuna, el portavoz argumentaba que su grupo estaba "compuesto por tres fuerzas políticas", señalando la presencia de AP, el PDP y "hombres que han venido confiando en nosotros como independientes". El presidente del Parlamento le corrige, recordándole que el reglamento se refiere a "grupos parlamentarios", no a "fuerzas políticas", dejando en evidencia la fragilidad de la coalición.

La crónica de la crisis de AP en 1985 no es solo un relato de luchas de poder. Es la radiografía de un partido que, incapaz de superar sus propias divisiones internas y el lastre del insularismo, fracasó en su intento de heredar y hegemonizar el voto de centroderecha en Canarias. La UCD desapareció, pero sus fantasmas, revestidos con nuevas siglas, siguieron marcando el destino de la política canaria.

Gente cualificada

Los nombres que ocupaban los escaños no eran nombres cualquiera, eran hombres con medallas, con doctorados, con cargos empresariales que podrían haber sostenido una economía entera si la política no les hubiese exigido otra clase de sacrificio. César Llorens, por ejemplo, condecorado y jurista, militar y parlamentario, parecía salido de una novela de personajes imposibles, y Antonio Vega Pereira, ingeniero industrial, empresario de mil empresas, fundador de Astican, constructor de hoteles, tejedor de industrias, era el ejemplo perfecto de que el talento no siempre basta para evitar el naufragio.

Brújula

Junto a César Llorens, cuya biografía parecía tejida con hilos de academia, marina y parlamentarismo, se alzaba una constelación de figuras que, si hubiesen querido construirlo juntos, podrían haber sostenido un país entero: Manuel de la Cueva Fernández, voz firme en los pasillos del poder; José Miguel Suárez Gil, hábil en los entresijos de la gestión pública; Antonio Vega Pereira, ingeniero y empresario que convirtió la industria en relato; Francisco José Manrique de Lara y Llarena, jurista de verbo preciso; Pedro Acosta Lorenzo, Sarbelio Pérez Pulido y Miguel Rafael Perdigón Cabrera, cada uno con su propio mapa de influencia; Francisco Marcos Hernández, Andrés Agustín Miranda Hernández y Ramón Lorenzo González de Mesa Machado, arquitectos de pactos y rupturas; Vicente Álvarez Pedreira, Elviro Blas Hernández Reboso y Manuel Fernández González, hombres de gabinete y de calle, de estrategia y de convicción. Todos ellos, reunidos en aquel Parlamento de Canarias, eran piezas de un tablero que nunca llegó a jugarse en armonía, talentos dispersos por la fragmentación de un centro-derecha que, en lugar de construir, se dedicó a resistir.

Porque el naufragio llegó, como llegan las tormentas que se anuncian pero nadie quiere creer. En 1986, dimitió Francisco Marcos, presidente provincial de AP en Santa Cruz de Tenerife, y lo hizo después de una reunión tensa, como si la tensión fuese una forma de despedida. Ramón González de Mesa también se fue, no por voluntad sino por omisión, porque su grupo no lo quiso como senador, y eso, en política, es como decir que ya no se cuenta contigo. Y así, en una semana, el centro-derecha canario se quedó sin brújula, sin timón, sin capitán.

Bravo frena el derrumbe

Mientras tanto, el PSOE, con Jerónimo Saavedra al frente, consolidaba su hegemonía, y no lo hacía con discursos incendiarios, sino con la paciencia de quien sabe que el adversario se está desmoronando solo. José Miguel Bravo de Laguna, que había sido jefe jurídico de la UCD, se pasó al Partido Liberal, luego a Coalición Popular, y más tarde al Partido Popular, como quien cambia de casa buscando una que no se derrumbe. Y en ese tránsito, se fue construyendo lo que hoy es el PP en Canarias, pero no como una continuidad, sino como una reconstrucción sobre ruinas.

La UCD, que había sido el centro de muchas cosas, desapareció en 1983, y sus cuadros se dispersaron como hojas al viento: unos a AP, otros al CDS, otros a candidaturas municipales que no querían saber nada del Estado. ATI, AGI, y luego AIC, que en 1987 logró representación parlamentaria, pero que no logró unidad, porque el insularismo, especialmente desde Tenerife, no quería compartir protagonismo. Y así, hasta que en 1993 nació Coalición Canaria, no como una solución, sino como una consecuencia.

Y mientras todo esto ocurría, mientras los partidos se fragmentaban, los discursos se endurecían, las alianzas se rompían y se recomponían, Canarias seguía siendo un lugar donde, en 2025, hay apenas seis psiquiatras por cada 100.000 habitantes, como si la salud mental fuese un lujo, como si el alma no mereciera atención, como si el ruido político hubiese ahogado el silencio de quienes sufren sin voz. Así fue la primera quiebra técnica del centro-derecha en Canarias. No fue una caída, fue una descomposición. No fue un error, fue una consecuencia. Lo que importa no es cómo se cae, sino cómo se cuenta la caída.

Noticias de Gran Canaria I La Gaceta de Gran Canaria