JOSÉ LUIS JIMÉNEZ
La situación es, en esencia, un caso de concesión caducada. Imaginen que el Ayuntamiento de la ciudad es el gestor de una finca pública, con un contrato (la concesión) que le permite decidir qué ocurre en ella: dónde se pone un quiosco, si se autoriza un mercadillo artesanal o si se construyen nuevos baños. El problema es que ese contrato venció y, por un error en la documentación de renovación, el gestor perdió su título legal. Ahora, la gestión de la finca ha vuelto a su propietario: el Gobierno de Canarias.
La consecuencia es, sin duda, pintoresca. La ciudad sigue con su deber de mantener la playa en perfectas condiciones. Las cuadrillas de limpieza municipales continúan barriendo la arena, y la Policía Local sigue patrullando el paseo, pues esas son sus competencias generales e irrenunciables. Pero al mismo tiempo, el Ayuntamiento ha perdido la potestad para autorizar cualquier uso que implique una explotación o una modificación del espacio. No puede autorizar una simple feria, ni un puesto de flores, ni siquiera un acto benéfico, porque ya no tiene la llave legal para hacerlo.
Esto genera un escenario de tensión donde el Gobierno canario, actuando con "celo administrativo", se limita a aplicar la ley, mientras que el Ayuntamiento debe subsanar un error para recuperar su gestión. Es un recordatorio de que en el mundo de la administración, hasta el más pequeño de los actos cotidianos, como la instalación de un puesto en una playa, depende de un documento legal y de que el Derecho no se supedita a la conveniencia o la buena voluntad. En el fondo, la historia de Las Canteras es un gran ejemplo de cómo la burocracia, en su afán de ser precisa, puede generar las situaciones más curiosas y frustrantes de la vida real.
El Derecho Administrativo se basa en el principio de legalidad, que exige que la Administración actúe siempre con un fin de interés público. Si el Gobierno de Canarias utilizara sus competencias de control sobre el dominio público con un fin distinto al que la ley le atribuye —por ejemplo, con un objetivo puramente político de confrontación con el Ayuntamiento—, su actuación podría ser considerada una desviación de poder. Esto significa que se usaría una facultad legal para un propósito ilícito, algo que nuestro ordenamiento jurídico prohíbe.
Ante una actuación que se perciba como un "exceso de celo" o arbitrariedad, el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria no estaría indefenso. El acto administrativo de denegación, incluso si es técnicamente correcto, puede ser impugnado por la vía del recurso contencioso-administrativo. El Ayuntamiento tendría la potestad de acudir a los tribunales, alegando que la decisión del Gobierno de Canarias no solo adolece de un vicio de forma (al no permitirle subsanar los errores de forma, por ejemplo, más allá de la normativa), sino que además está viciada en su fondo por una desviación de poder. Sería entonces el juez quien determinaría si el Gobierno autonómico ha actuado dentro del marco legal o si ha excedido sus competencias con un fin ilegítimo. El tribunal podría anular la decisión administrativa, obligando a la Administración a actuar de nuevo, esta vez dentro de los límites del principio de proporcionalidad y con apego al interés público.
