JOSÉ LUIS JIMÉNEZ
Un documento vital que, al caducar, dejó un vacío de poder. A pesar de los intentos del Consistorio por renovarlo, la documentación incompleta devolvió la pelota a las oficinas municipales. En ese momento, la Dirección General de Costas del Gobierno de Canarias, de Coalición Canaria, como autoridad competente, recuperó el control de la situación. Al otro lado del istmo, la Autoridad Portuaria de Las Palmas. Nadie de CC desde el Gobierno de Canarias se ha manifestado y, en teoría, "no se va a hacer sangre porque el margen de maniobra que hay es amplio, pero políticamente se nos puede acusar de desvío de poder y entrar en una espiral de crispación que no es necesaria porque ya se la autogenera la misma coalición de gobierno".
Lo que vino a continuación fue un conflicto de competencias digno de estudio. Por una parte, la maquinaria municipal ha seguido funcionando con sus competencias obligatorias. Los operarios de limpieza siguen barriendo el Paseo y recogiendo residuos; la Policía Local mantiene su autoridad para regular el orden público. Estas son funciones esenciales que, por ley, corresponden al Ayuntamiento. Pero por otro lado, el Consistorio perdió la potestad para autorizar cualquier evento, mercado artesanal o incluso obras de mejora. ¿Se va a meter CC con las terrazas del Paseo de Las Canteras que financian las empresas de refrescos y cervezas? ¿Y con la publicidad invasiva en viviendas de este espacio natural protegido? No.
La insólita situación no ha tardado en saltar de las comisiones técnicas a la arena política, donde el Derecho se utiliza como un arma arrojadiza. Esta circunstancia fue subrayada este martes por una nota de prensa de Coalición Canaria, que acusó al gobierno municipal de "incapacidad" y de dejar en "situación de precario toda la actividad del litoral". Su portavoz, David Suárez, señaló que esta "dejación provoca inseguridad jurídica para comerciantes y vecinos, compromete inversiones y eventos, y expone al Ayuntamiento a requerimientos y posibles sanciones de Costas".
En respuesta, el concejal de Ciudad del Mar, Pedro Quevedo, contraatacó directamente contra el Gobierno de Canarias. Con un claro tono de frustración, admitió que "no hay manera de explicar que se haya denegado esta actividad que lleva diez años haciéndose", acusando al Ejecutivo regional de "meter el dedo en el ojo" y de utilizar el poder administrativo para una confrontación política. La ironía final, y la más sutil lección de este caso, la aportaron fuentes del Gobierno de Canarias al señalar que aunque el Ayuntamiento hubiera subsanado correctamente la concesión, aún así, habría tenido que solicitar la autorización para el evento. Esto demuestra que el control de la Dirección de Costas sobre el dominio público es un poder inalienable, que no se limita a la concesión, sino que se extiende a la autorización de actividades.
La historia de Las Canteras es un ejemplo perfecto de cómo un simple fallo burocrático puede tener consecuencias directas y palpables en la vida diaria de las personas. La crónica de esta playa en un limbo legal demuestra que el correcto funcionamiento de una ciudad depende, en última instancia, del apego a las normas, y que incluso las actividades más cotidianas se rigen por los intrincados, y a menudo inflexibles, principios del Derecho Administrativo.
